El juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu convalidó la prórroga trimestral tras concluir que la exmandataria acató de forma estricta todas las pautas de conducta impuestas por la Justicia. El magistrado respaldó su decisión en los informes técnicos de los organismos de control que confirmaron el correcto funcionamiento del dispositivo de monitoreo electrónico y la ausencia de incidentes vecinales. La medida judicial coincide con un fuerte avance sobre su patrimonio y el de su entorno inmobiliario, manteniendo el cerco legal sobre la exjefa de Estado. [

La resolución que mantiene el esquema de detención vigente se apoyó en los reportes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE). Los informes periciales detallaron que, a lo largo del último trimestre analizado, la pulsera electrónica no registró ningún tipo de fallas técnicas ni alertas por superación de los límites del perímetro habilitado. Asimismo, los asistentes sociales encargados del seguimiento presencial destacaron la buena predisposición y el trato cordial dispensado por la encausada durante las entrevistas aleatorias en la propiedad. 

El dictamen judicial del tribunal también repasó de manera minuciosa los desplazamientos excepcionales de la dos veces presidenta de la Nación. El expediente determinó que Cristina Kirchner registró una única salida del edificio, motivada por una consulta médica que había sido previamente autorizada por los magistrados. El traslado sanitario y el posterior reingreso se desarrollaron sin alteración del orden público, cumpliendo al pie de la letra con los protocolos de custodia federal asignados para estos eventos. 

Otro de los pilares que evaluó la Justicia penal para conceder la prórroga fue el impacto del entorno social sobre el vecindario. Si bien militantes de diversas agrupaciones políticas se concentraron en las inmediaciones del inmueble de San José 1111, los informes policiales no consignaron quejas formales de los residentes de la zona. Giménez Uriburu dejó en claro que no se evidenciaron comportamientos o desmanes que alteraran de manera significativa la convivencia pacífica o la tranquilidad barrial en esa cuadra de Constitución. 

A pesar del guiño judicial en lo referente a su detención domiciliaria, la situación patrimonial de la exmandataria sumó severas complicaciones. En paralelo al fallo, el tribunal ratificó un embargo preventivo que pesa sobre el propio departamento de San José 1111. La medida cautelar inmobiliaria forma parte de un paquete de activos con los que la Justicia busca garantizar un fondo de decomiso global por $685.000 millones, cifra fijada por los peritos para resarcir el perjuicio económico total ocasionado al Estado por los delitos juzgados. 

El escenario en el edificio de Constitución sumó nuevos ingredientes de sospecha debido a movimientos inmobiliarios detectados por la fiscalía. El juzgado avanza en una investigación paralela por la compra del departamento del piso inferior por parte de María Soledad Calle, una dirigente vinculada a La Cámpora y a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La compradora alegó formalmente ante los tribunales que el inmueble se destinaría a la sede de una fundación, pero su escaso respaldo financiero reactivó las auditorías sobre los copropietarios del lugar, donde también posee una unidad el senador nacional Mariano Recalde. 

En los fundamentos de la prórroga, los jueces recordaron que la prisión domiciliaria no exime a la condenada del estricto régimen de visitas, el cual sigue severamente restringido. Cualquier persona ajena a la lista familiar autorizada debe tramitar un permiso especial que es evaluado individualmente por el tribunal para evitar la vulneración del aislamiento judicial. De este modo, la exjefa de Estado continuará su reclusión bajo control electrónico estricto, mientras sus abogados agotan las últimas instancias recursivas y presentaciones internacionales para intentar revertir el fallo de la causa Vialidad.