La magistrada aplicó la medida en el caso de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo, dictando su sobreseimiento inmediato bajo el argumento de que la baja de la edad de imputabilidad viola convenios internacionales. La resolución desató la furia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien anunció que impulsará un pedido de juicio político de forma inmediata en su contra. Con una trayectoria construida desde las bases del Poder Judicial, De Marinis defiende un perfil garantista y de fuerte labor territorial que choca de frente con la agenda de mano dura del oficialismo.
La carrera de Laura Beatriz de Marinis en los tribunales comenzó mucho antes de obtener su título universitario. La jueza se inició en la función pública en el año 2006 como empleada administrativa y fue escalando posiciones dentro de las estructuras del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Su experiencia en el terreno de la minoridad se consolidó a partir de 2017, cuando asumió como Prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil. Tras ganar un concurso de oposición y antecedentes, juró formalmente en su cargo actual el 19 de diciembre de 2023.
Apenas once días después de asumir al frente de su juzgado, De Marinis firmó su primera resolución de alto impacto mediático. La magistrada dejó sin efecto la prisión domiciliaria de Carlos Manuel Andrés, el joven condenado por la brutal agresión al playero de un estacionamiento de Monserrat, Arturo López. En aquella oportunidad, fundamentó su decisión en que el dispositivo de la tobillera electrónica ya garantizaba la geolocalización del imputado. Aquel fallo provocó una fuerte indignación en la familia de la víctima, pero dejó en claro la postura dogmática de la jueza respecto a evitar las medidas privativas de la libertad en menores.
Su reciente fallo contra la Ley 27.801 del nuevo Régimen Penal Juvenil reabrió un debate estructural sobre los límites de la jurisprudencia. Para sobreseer al menor de 14 años, De Marinis invocó el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. En sus fundamentos escritos, argumentó de forma tajante que la persecución penal en edades tempranas implica un fracaso del mundo adulto: "Como adultos, no podemos castigar a los niños por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia".
Más allá de sus escritos técnicos, la jueza no oculta sus convicciones académicas y suele exponerlas en entrevistas públicas. En una reciente participación en un canal de streaming, utilizó estrofas de la canción "No hay héroes" de Lali Espósito para graficar su visión sobre la relatividad de la justicia penal. "Los jueces tenemos que trabajar con lo que la ley dice, y a veces nos colocan en esos lugares donde el malo no siempre paga. No sé si la vida es solo de buenos y malos", reflexionó. Asimismo, alertó que la nueva ley nacional terminará "judicializando conflictos puramente escolares".
La reacción del poder político ante el fallo de la magistrada fue unánime y fulminante. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, la tildó de "garantista defensora de delincuentes" y afirmó que su sentencia "está manchada de sangre" al promover la impunidad. En sintonía, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, confirmó que el Poder Ejecutivo presentará la denuncia ante el Consejo de la Magistratura para iniciar el jury de enjuiciamiento. El funcionario criticó con dureza que la magistrada pretenda legislar en lugar de aplicar las normativas vigentes aprobadas por el Congreso de la Nación.
Por el momento, las autoridades judiciales aclararon que la inconstitucionalidad dictada por De Marinis solo aplica para el caso concreto analizado y no suspende la norma a nivel general. Sin embargo, la agitación en los tribunales es total, ya que su postura coincide en el tiempo con los planteos de otros magistrados bonaerenses que cuestionan la falta de infraestructura para aplicar la baja de imputabilidad. Con el pedido de destitución en marcha, el perfil judicial de Laura de Marinis quedó expuesto en el ojo de la tormenta institucional entre garantismo y políticas de seguridad.