El faltante financiero corresponde a la gestión previa de Diego Spagnuolo, quien debió dejar el organismo bajo sospechas de corrupción y desvíos de fondos. La salida del funcionario profundiza la crisis política en el sector, fuertemente sacudido por las discusiones internas en torno al Presupuesto 2027 y los recortes en prestaciones esenciales. Mientras el Poder Ejecutivo atribuyó la salida a motivos personales, la oposición y sectores internos ligan el despido directamente a la filtración del informe. 

La remoción de Alejandro Vilches de la Secretaría Nacional de Discapacidad (estructura que absorbió las funciones de la ex ANDIS) sacudió los pasillos de la Casa Rosada. Su salida se precipitó pocas horas después de que el diario La Nación revelara los detalles de una auditoría contable que él mismo había encargado al asumir la intervención del área. El relevamiento técnico dejó al descubierto una diferencia de $158.717 millones en registros de deuda no controlados que reactivó las alarmas en los tribunales federales. 

El informe de los auditores comparó los números de la Dirección de Presupuesto con los de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), la cual administra el estratégico programa Incluir Salud. El análisis detectó deudas millonarias no registradas, pagos a droguerías por fuera de las normativas y un uso desmedido del mecanismo administrativo conocido como "legítimo abono". La investigación judicial, a cargo del fiscal federal Franco Picardi, apunta a un esquema de sobreprecios y coimas de hasta el 20% con proveedores de insumos médicos y farmacéuticas. 

El origen del descalabro financiero bajo la lupa corresponde al período en que la agencia estuvo comandada por Diego Spagnuolo. El exdirector había sido apartado de la función pública el año pasado tras la filtración de audios comprometedores que daban cuenta de recaudaciones paralelas ilegales. Aquella renuncia forzada salpicó el entorno político de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que volvió al organismo un terreno sumamente sensible para el Poder Ejecutivo. 

Para sumar tensión, el relevo de Vilches coincide con una feroz disputa interna dentro del oficialismo respecto a los fondos destinados a las personas con discapacidad en el Presupuesto 2027. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó de forma pública el severo recorte propuesto por el Palacio de Hacienda liderado por Luis Caputo. Aunque el Gobierno sugirió que revisaría las partidas para contener la crisis interna, se evalúan alternativas técnicas para mantener el ajuste sin afectar la meta del superávit fiscal. 

La preocupación oficial también se vincula con la agenda internacional de las próximas semanas, que incluye la visita a la Argentina del Papa León XIV. El sumo pontífice tiene previsto recorrer el Cottolengo Don Orione, una institución emblemática para el cuidado de la discapacidad que se ha visto severamente afectada por el recorte de subsidios y la interrupción en la entrega de medicamentos de alta complejidad. Este escenario proyecta un alto costo político para la administración de Javier Milei ante los reclamos de prestadores y familias vulnerables. 

A través de redes sociales, el presidente Milei reaccionó atacando a las autoridades del medio que publicó la información, buscando desviar el foco del desvío de fondos destapado. Sin embargo, la presentación formal de la renuncia del secretario, argumentando "razones estrictamente personales", no logró disipar las sospechas de un desplazamiento disciplinario. El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, deberá definir el sucesor de un área clave donde la transparencia contable y el auxilio social quedaron completamente bajo fuego.