La causa penal, impulsada a partir de una denuncia sistemática del diputado nacional Esteban Paulón, investiga los presuntos delitos de amenazas, incitación a la violencia colectiva, hostigamiento y propaganda discriminatoria en plataformas virtuales. El caso expone los límites jurídicos de la confrontación política en las redes sociales y saca de la zona de confort digital a los creadores de contenido oficiales. La recolección de pruebas incluyó peritajes informáticos de la Unidad de Cibercrimen sobre transmisiones del canal de streaming Carajo y publicaciones en la red social X. 

El principal señalado en el expediente es el médico y conductor digital Daniel Parisini, conocido popularmente en el ecosistema de redes como el Gordo Dan. Junto a su compañero de aire Mariano Pérez, el influencer debió presentarse en los tribunales para cumplir con el trámite formal de identificación y notificarse de los cargos. Durante la audiencia ante las autoridades judiciales, ambos imputados optaron por ampararse en el derecho constitucional de negarse a responder preguntas y se limitaron a entregar un escrito de defensa material desarrollado por sus patrocinantes legales. 

La lista de citados a "tocar el pianito" sumó tensión institucional con la comparecencia de los militantes digitales Alejandro Sarubbi Benítez y Pablo Pazos, ambos orgánicos del esquema de comunicación presidencial. El trámite en las oficinas del Ministerio Público Fiscal incluyó momentos de fuerte cruce verbal cuando la defensa de Sarubbi Benítez planteó la recusación formal de la funcionaria a cargo de la pesquisa. Por su parte, el imputado Pazos también declinó prestar declaración indagatoria formal, siguiendo la línea de silencio técnico corporativo que trazaron los líderes de la estructura de streaming oficialista.

El origen del conflicto judicial radica en una serie de emisiones del ciclo audiovisual La Misa y publicaciones explícitas que vinculaban falsamente la orientación sexual del legislador con delitos graves. La presentación del denunciante incorporó capturas donde se utilizaban términos agraviantes, imputaciones de pedofilia y mensajes que deseaban activamente el contagio de enfermedades terminales. La fiscal Celsa Ramírez fundamentó las imputaciones en el carácter sistemático y coordinado del ataque, descartando de plano que los mensajes constituyan una manifestación válida del derecho a la libertad de expresión institucional.

Como medida cautelar inmediata para frenar la escalada de agresiones virtuales, la Justicia dictó una severa orden de restricción recíproca entre los comunicadores oficialistas y la víctima. La disposición judicial prohíbe de forma tajante cualquier tipo de contacto físico, epistolar o digital a través de perfiles directos o cuentas secundarias mientras dure la investigación de fondo. La medida de prohibición de contacto virtual busca resguardar la integridad y cortar la dinámica de hostigamiento en masa que caracteriza las intervenciones de las facciones libertarias.

El único de los cinco imputados originales que no pudo cumplir con la manda de la fiscalía fue el ensayista Nicolás Márquez, a quien los notificadores judiciales todavía no lograron localizar en su domicilio. Su citación es considerada clave para cerrar la primera etapa instructoria del expediente penal y definir los pedidos de elevación a juicio oral. El avance definitivo de la causa judicial sentará un fuerte precedente doctrinario respecto a la responsabilidad civil y penal de los denominados ejércitos digitales en el debate democrático.