La estrategia de la oposición busca repetir el reciente escenario parlamentario en el que lograron erosionar leyes estructurales del Poder Ejecutivo apostando al impacto local de las tarifas. Las negociaciones se intensificaron a contrarreloj luego de que La Libertad Avanza consiguiera dictamen de mayoría en comisiones con las firmas justas. El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, excluye del beneficio a más de un millón y medio de usuarios de provincias centrales del país. 

La bancada conducida por José Mayans apunta sus cañones a los senadores que responden a los gobernadores provinciales, propensos a acompañar la agenda de Javier Milei a cambio de obras o fondos. En los despachos opositores confían en que el costo político de convalidar un tarifazo en sus propios territorios obligará a varios legisladores dialoguistas a revisar su postura final. La presión del peronismo se enfoca en los representantes de distritos como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires, donde el impacto del recorte en la tarifa residencial será inmediato. 

El oficialismo nacional defiende la reforma energética bajo la premisa de garantizar el equilibrio fiscal y la sostenibilidad del sistema mayorista de gas. Según los cálculos defendidos en el Congreso por los funcionarios del área económica, la quita de los subsidios generales permitirá un ahorro anual superior a los 272 mil millones de pesos. La intención de la Casa Rosada es concentrar el beneficio pleno exclusivamente en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna salteña.

La propuesta del Gobierno generó fuertes cruces en el plenario de comisiones debido a un artículo que condona deudas multimillonarias a las empresas distribuidoras con Cammesa. Legisladores de la oposición advirtieron que mientras se castiga el bolsillo de los usuarios residenciales, se premia la ineficiencia empresarial de las firmas energéticas. Esta contradicción discursiva es el principal argumento del peronismo para sembrar dudas entre los aliados de la fuerza gobernante que deben revalidar credenciales ante sus votantes. 

El panorama para la sesión de la próxima semana quedó abierto luego de que el radicalismo mendocino, alineado con el gobernador Alfredo Cornejo, retaceara su firma en el dictamen final. La decisión de Cornejo de tomar distancia del proyecto oficial desnudó los ruidos internos entre los mandatarios provinciales y la estrategia legislativa libertaria. La falta de certezas sobre el número de votos afirmativos obligó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a monitorear en persona los acuerdos parlamentarios.

El desenlace de la votación en la Cámara Alta dependerá de la capacidad de contención de la jefatura de La Libertad Avanza ante las demandas cruzadas de las provincias. Los bloques opositores apuestan a dilatar el debate institucional en el recinto para forzar nuevas deserciones en las filas de los bloques denominados dialoguistas. El destino del régimen de Zonas Frías marcará el termómetro de la gobernabilidad parlamentaria en el segundo tramo de la gestión nacional.