CABA
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires amplió el alcance de la denominada "Prioridad Porteña", una medida impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que establece un criterio preferente para las personas que tienen domicilio en CABA al momento de acceder a determinados servicios de la administración porteña.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 142/26, firmado por Jorge Macri y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y publicado en el Boletín Oficial porteño. La norma establece que la prioridad se aplicará a los servicios de la administración centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad.
El decreto establece como mecanismo de organización para el acceso a los servicios públicos porteños el criterio de "Prioridad Porteña", en favor de las personas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
En la práctica, esto implica una asignación preferente de turnos, cupos, prestaciones o modalidades equivalentes de atención o acceso, de acuerdo con las características y capacidad de cada servicio.
La medida alcanza a los servicios prestados por la administración centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo porteño y busca ordenar la demanda dentro de la estructura estatal.
Jorge Macri defendió la decisión y sostuvo: "Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó. Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: PRIORIDAD PARA LOS PORTEÑOS. Desde ahora, cada área y cada servicio del Gobierno de la Ciudad va a funcionar con ese criterio. Esto también es ordenar y cuidar".
Uno de los ejemplos utilizados por la administración porteña es el sistema de atención a través del 147.
Según los datos difundidos por el Gobierno de la Ciudad, actualmente el 70% de los turnos corresponde a personas que viven y pagan sus impuestos en CABA.
La gestión de Jorge Macri sostiene que este sistema permite ordenar la demanda y priorizar a quienes tienen domicilio en la jurisdicción.
El criterio, sin embargo, no significa que todas las personas que no tengan domicilio porteño queden automáticamente excluidas de los servicios. El decreto establece una preferencia en el orden de atención, cuyo funcionamiento deberá adecuarse a las características de cada prestación.
La propia normativa establece límites para la aplicación de la prioridad.
El criterio no será aplicable en situaciones de urgencia o emergencia sanitaria, casos que requieran la tutela inmediata de derechos, cuestiones vinculadas con la seguridad pública y prestaciones alcanzadas por regímenes propios o convenios interjurisdiccionales. También contempla otros supuestos que pueda determinar la autoridad de aplicación.
De esta manera, la prioridad territorial no puede utilizarse para impedir una atención inmediata cuando existe una situación de emergencia o cuando están involucrados derechos que requieren una respuesta urgente.
El decreto también establece que la implementación debe respetar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, además de los principios de igualdad y no discriminación.
La nueva disposición amplía un criterio que el Gobierno porteño ya había aplicado en el ámbito sanitario.
Según los datos difundidos por la administración de la Ciudad, durante 2025 se realizaron más de 30 millones de prestaciones en el sistema público de salud y desde el inicio de la actual gestión aumentó un 30% la oferta de consultas.
El área quirúrgica registró, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno porteño, el incremento más importante, con más de 12.000 intervenciones adicionales.
En este marco, Jorge Macri cuestionó el uso del sistema sanitario porteño por parte de personas que no residen en la Ciudad y afirmó: "La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero".
La "Prioridad Porteña" no se aplica de manera uniforme a todas las situaciones.
Además de las urgencias y emergencias sanitarias, quedan exceptuadas las cuestiones relacionadas con la seguridad pública, las prestaciones que tengan regímenes propios o estén contempladas en convenios entre jurisdicciones y aquellos casos que requieran una tutela inmediata de derechos.
La Jefatura de Gabinete de Ministros quedó designada como autoridad de aplicación. Será la encargada de coordinar con los distintos organismos del Poder Ejecutivo la adecuación de los procedimientos internos necesarios para implementar la medida.
La discusión también alcanza a las personas en situación de calle. El Gobierno porteño reclama a la Provincia de Buenos Aires que asuma la atención correspondiente a bonaerenses en situación de calle que se encuentran en la Ciudad.
El planteo del Ejecutivo porteño se vincula con el Decreto nacional 373/2025, que modificó la Ley 27.654 y estableció un esquema de responsabilidades concurrentes entre Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La norma señala que las jurisdicciones locales tienen a su cargo la elaboración e implementación de políticas públicas y la atención directa de las personas en situación de calle, mientras que el Estado nacional mantiene funciones de rectoría, coordinación y asistencia subsidiaria o complementaria.
La normativa vigente establece, además, que la problemática requiere una acción coordinada entre los distintos niveles del Estado dentro del sistema federal.
La medida de Jorge Macri modifica el criterio de organización de distintos servicios de la administración porteña: las personas con domicilio en CABA tendrán preferencia en la asignación de turnos, cupos, prestaciones y modalidades equivalentes de atención, siempre de acuerdo con las características de cada servicio.
El punto central del decreto es que se trata de un orden de atención preferente y no de una eliminación general del acceso para quienes no tienen domicilio en la Ciudad. La propia normativa establece excepciones para emergencias, urgencias, derechos fundamentales, seguridad pública y otros regímenes específicos.
Con la puesta en marcha de la "Prioridad Porteña", el Gobierno de Jorge Macri busca extender a distintas áreas de la administración un criterio territorial que ya había aplicado en determinados servicios.
La implementación quedará ahora en manos de cada organismo, bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete. El alcance concreto dependerá de las características, demanda y capacidad operativa de cada prestación.
En definitiva, el decreto introduce un nuevo criterio para ordenar el acceso a los servicios porteños, con preferencia para quienes tienen domicilio en CABA, pero con límites expresamente establecidos por la propia normativa para evitar que esa prioridad afecte situaciones de urgencia, derechos fundamentales o servicios sujetos a reglas especiales.
