La poda presupuestaria en Ciencia y Universidades se consolida como el eje del plan fiscal para 2027 - Política y Medios
17-09-2026 - Edición Nº6803

RECORTE EN DESARROLLO TECNOLÓGICO

La poda presupuestaria en Ciencia y Universidades se consolida como el eje del plan fiscal para 2027

15:46 |El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso profundiza las medidas de austeridad sobre el sistema de investigación y educación superior de la República. Las planillas oficiales diseñadas por el Palacio de Hacienda confirman que los recursos destinados al desarrollo tecnológico experimentarán fuertes caídas en términos reales.

Las principales instituciones científicas del país verán limitados sus gastos operativos operativos a las metas de inflación previstas, sin contemplar la recuperación de los ejercicios previos. La decisión oficial busca garantizar el equilibrio fiscal innegociable a expensas de las metas de inversión fijadas por las leyes de financiamiento vigentes. Los rectores y la comunidad académica anticipan un escenario de alta fricción institucional en las comisiones parlamentarias. 

La propuesta de la administración nacional estipula que la Función Ciencia y Tecnología se ubicará en el 0,178% del PBI para el próximo ciclo. El porcentaje asignado incumple de manera taxativa la meta legal de la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que preveía alcanzar un piso del 0,590%. Si bien el texto formal anuncia una suba nominal del 10,5% en las partidas generales, los analistas advierten sobre la incorporación de líneas ajenas al sector. El bloque de organismos estratégicos como CONICET, CONAE y CNEA apenas cubrirá la inflación del 18% proyectada por el Gobierno. Semejante diseño técnico expone a los laboratorios a severas pérdidas de capital operativo si el índice de precios real supera las metas. 

La situación del aparato tecnológico e industrial de frontera se agrava por quitas directas en las transferencias de capital tradicionales. Las planillas del Ministerio de Economía imponen que el INTA sufrirá un recorte nominal del 12,4% en sus recursos corrientes. La poda presupuestaria resulta crítica para una entidad que ya acumula una pérdida de ingresos reales superior al 43% desde 2024. En sintonía idéntica, el INTI registrará una caída nominal de fondos del 5,2% para el período venidero. Esta retracción de partidas consolida el proceso de reducción de plantas de personal especializado y la parálisis de proyectos de transferencia productiva sectorial.

En el plano de la educación superior, las partidas asignadas reavivan de forma inmediata el conflicto con las casas de altos estudios. El proyecto oficial destina un monto total de 7,34 billones de pesos para las Universidades Nacionales durante todo el ejercicio. La cifra consolidada por el Ejecutivo se encuentra a una distancia insalvable de los 11 billones exigidos por el Consejo Interuniversitario Nacional. Los rectores agrupados en el CIN advierten que la propuesta del Gobierno resulta insuficiente para pagar sueldos y cubrir los servicios básicos. Las autoridades académicas denuncian que, bajo estas condiciones restrictivas, las universidades no recuperarán lo perdido desde 2023 en materia de poder adquisitivo. 

La controversia presupuestaria suma un nuevo condimento político al introducirse exigentes mecanismos de fiscalización centralizada sobre las administraciones de las altas casas de estudios. El articulado faculta al Ministerio de Capital Humano a interrumpir las transferencias si no detallan los gastos de forma minuciosa. Los representantes de los docentes universitarios catalogaron la cláusula legal como un atropello directo a la autonomía institucional consagrada por la Constitución. El gremio recalca que el congelamiento de las becas estudiantiles y el retraso salarial del 31,2% empujan al sistema a la parálisis total. Las federaciones estudiantiles evalúan activar planes de lucha con clases públicas en los distintos rectorados del territorio federal. 

El devenir de las próximas semanas concentrará la atención pública en los debates de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Los bloques de la oposición parlamentaria buscarán articular modificaciones técnicas para forzar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente. El oficialismo requerirá de una disciplina interna extrema en sus bancadas aliadas para sostener el texto original sin alteraciones de fondo. La capacidad de las universidades para iniciar el normal dictado de clases el año que viene dependerá del resultado de estas negociaciones. Mientras tanto, el destino del complejo científico argentino continuará supeditado a la rigidez de un modelo fiscal que prioriza el superávit financiero global. 

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