BIOCOMBUSTIBLES | SENADO
El Senado tratará mañana la reforma de la Ley de Biocombustibles, el proyecto S-809/26 que Patricia Bullrich presentó en mayo y que ya le costó al oficialismo una sesión caída. Esta vez, según pudo saber este medio, los votos están. Pero llegaron después de dos semanas de presión en las que el Ejecutivo consiguió exactamente lo que quería: que las pymes del biodiésel no conserven ninguna porción protegida del mercado.
El nombre que hay que mirar no es el de Bullrich. Es el de Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, un funcionario que depende del ministro Luis Caputo, que nunca puso la cara en la discusión pública del recinto y que fue el verdadero arquitecto de la posición oficial: el hombre que decidió que las pymes del biodiésel eran prescindibles y trabajó para que el texto lo reflejara.
González lo dijo sin eufemismos cuando expuso ante el plenario de comisiones: el proyecto de Bullrich "interpreta la voluntad del Ejecutivo", en una línea que el Gobierno venía trabajando desde hacía casi dos años. Y admitió el resultado con una franqueza que hoy se lee distinto: reconoció que el esquema "tiene ganadores, perdedores, afectados". Un año y medio de trabajo para definir quién iba a quedar de cada lado.
Los retoques que el dictamen del 3 de septiembre incorporó para juntar las firmas que faltaban fueron marginales —estirar el plazo del cronograma, poco más—, pero incluso eso le resultó excesivo: González le hizo saber a Bullrich que no estaba de acuerdo con el texto que había quedado. Fuentes del Congreso atribuyen ese rechazo a que el articulado se había movido por presión del sector del biodiésel, después de meses de negociación en otra dirección. Desde el Ejecutivo se pidió expresamente bajar el tratamiento. La sesión del 10 de septiembre se cayó, y no la voltearon solo los senadores: la voltearon desde adentro del propio Gobierno. El proyecto llega mañana al recinto como González quería, con el dictamen de mayoría y sin nada de fondo para las no integradas.
La doctrina que González viene sosteniendo en público explica el resto. Defiende la eliminación progresiva de los cupos, un aumento moderado de los cortes y el argumento del precio: sostiene que el biodiésel es históricamente más caro que el combustible fósil y que subir la mezcla se trasladaría al transporte, al agro y al consumidor final. Con ese criterio rechazó los pedidos provinciales de llevar el corte al 15%. Sobre las pymes, su fórmula fue hablar de una transición gradual de cinco años. En los hechos, esa transición es un cronograma decreciente que termina en nada.
La provincia que más ruido había hecho fue Santa Fe, y por dos motivos distintos que conviene no mezclar. Su gobierno reclamaba subir el corte de biodiésel del 10% al 15%, con vistas al 20%: el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, planteó que la provincia tiene toda la cadena instalada y que no puede resignarse a tener plantas cerradas. Pero al mismo tiempo Santa Fe defendía a sus pymes no integradas y exigía un segmento de competencia propio para ellas, algo que Puccini presentó como una alternativa donde nadie perdiera: "No venimos a pedir cupos ni mercados administrados".
Ese reclamo fue el que carneó la sesión anterior. Los radicales santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto, junto al pampeano Daniel Kroneberger, arrastraron a todo el bloque de la UCR a la decisión de no votar hasta resolver el capítulo de biodiésel. Se les sumaron la pampeana María Victoria Huala y los propios libertarios puntanos Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta. El reclamo era concreto: que el piso no fuera un piso decreciente sino una participación real y permanente frente a las grandes aceiteras integradas.
Nada de eso sobrevivió. Santa Fe cedió a la presión del Gobierno y las no integradas llegan al recinto sin el segmento propio que la provincia venía exigiendo. Según fuentes al tanto de la negociación, el argumento que terminó de inclinar la balanza fue una amenaza: si la ley no salía, el Ejecutivo bajaría el corte por decreto a partir de octubre. Es decir, aceptar un cronograma decreciente o exponerse a un recorte inmediato y sin discusión parlamentaria.
El tercer movimiento se dio en el otro extremo del mapa. El proyecto fue trabajado con la Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino, y construyó una coalición territorial precisa: Córdoba por el maíz, Tucumán, Salta y Jujuy por la caña. El esquema que las une es el 6% de caña más 6% de maíz más 3% de libre competencia dentro de un corte total del 15% en naftas, con un tope del 20% de participación por empresa.
Esas provincias entendieron temprano que tenían la llave. Bullrich había acordado avanzar junto a Flavia Royón, Carolina Moisés y Beatriz Ávila —Salta, Jujuy y Tucumán—, pero cuando el entendimiento no alcanzó, desde el oficialismo reconocieron que quienes empujaban el proyecto no habían terminado de juntar los votos. De ahí en más, el bloque del bioetanol negoció desde una posición de fuerza y condicionó su apoyo a otras leyes que el Ejecutivo necesita, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II y la Ley Hojarasca, todas en el temario de las próximas sesiones.
El contraste es el dato político de la ley. Al azúcar y al maíz se les garantiza un segmento reservado dentro del corte. Al biodiésel pyme se le fija un cronograma que lo va vaciando: del 7,5% actual a 6,5%, 5,5%, 5% y un piso final que las cámaras del sector consideran inviable.
Son unas 25 plantas no integradas repartidas entre Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis. El senador puntano Fernando Salino advirtió en el plenario sobre el riesgo de quiebra de todas ellas y recordó que el propio secretario de Energía había cerrado la discusión el primer día al hablar de ganadores y perdedores.
Solo en la provincia de Buenos Aires hay diez plantas en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo, con más de 345.000 toneladas anuales, unos 400 millones de dólares y 3.500 empleos, según CEPREB, más 96 extrusoras de soja que dependen de ellas. El sector calcula una pérdida cercana a los 10.000 puestos directos e indirectos.
El problema de fondo no es la competencia: es la asimetría. Las no integradas deben comprarles el aceite de soja —cerca del 80% de su costo— a las mismas empresas que a partir de esta ley pasarán a ser sus competidoras, y que además tienen la molienda concentrada en el Gran Rosario, mientras una planta de Daireaux o de Junín paga cientos de kilómetros de flete por el mismo insumo.
Mañana, si los votos aparecen como el oficialismo asegura, todo eso se define en una tarde.
