El texto oficial busca derogar varios artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad vigentes en la actualidad. Los bloques legislativos advierten que estas reformas ministeriales precarizan los derechos adquiridos por miles de familias vulnerables en todo el territorio federal.

La reforma más profunda implementada en el articulado modifica los criterios técnicos de acceso a las asignaciones no contributivas del Estado. El proyecto propone regresar a la noción de invalidez laboral como requisito excluyente en reemplazo del actual Certificado Único de Discapacidad. Este cambio de paradigma normativo impone un criterio médico restrictivo que evalúa únicamente la capacidad productiva del individuo afectado. Los expertos sanitarios señalan que esta medida destruye el enfoque de inclusión social consagrado por los tratados internacionales suscriptos por el país.

El plano laboral también sufre un retroceso drástico que desalienta la inserción de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal. El texto legal estipula que la asignación será incompatible con cualquier empleo registrado o inscripción tributaria simplificada. La legislación actual permitía compatibilizar el cobro estatal con ingresos registrados equivalentes a hasta dos salarios mínimos vitales. Con este nuevo diseño de exclusión absoluta, cualquier alta formal extinguirá el derecho a la pensión sin contemplar matices de ingresos.

La desregulación del financiamiento de las prestaciones básicas compone otra de las grandes preocupaciones manifestadas por las cámaras prestadoras del sector. El presupuesto avanza decididamente hacia la eliminación del sistema de aranceles universales y únicos fijados por el nomenclador nacional. De aprobarse, cada obra social, prepaga o jurisdicción estatal quedará facultada para determinar de forma discrecional sus propios valores de cobertura. Las organizaciones civiles denuncian que la fragmentación del esquema arancelario destruirá el piso mínimo de atención sanitaria garantizado por ley.

El financiamiento operativo de los programas asistenciales también pierde sus protecciones históricas frente a las necesidades de la caja pública nacional. El artículo 38 elimina la prohibición de recortar partidas de servicios sociales para financiar otros programas de gobierno. Esta restricción actuaba como un blindaje presupuestario para evitar que la asistencia específica compitiera con otras demandas corrientes de la administración. La caída de estas salvaguardas legales abre la puerta a futuras reasignaciones discrecionales por parte del Ministerio de Economía.

La respuesta de los bloques opositores en la Cámara de Diputados se formalizará mediante un dictamen alternativo en las comisiones técnicas. Los legisladores intentarán forzar la prórroga definitiva de la emergencia social en discapacidad durante el debate presupuestario de las próximas semanas. Las comisiones de Presupuesto y de Discapacidad fueron convocadas con urgencia para fijar una postura común que frene la iniciativa oficial. El destino del entramado de protección social se definirá en una reñida votación parlamentaria de final abierto.