La maniobra consistía en el desvío sistemático de fondos públicos mediante la asignación fraudulenta de horas extras. Ante la contundencia de las pruebas, las autoridades militares formalizaron la denuncia penal ante la justicia federal. El caso genera un fuerte cimbronazo institucional en momentos donde los recursos públicos se encuentran bajo estricto control.

Los testimonios incorporados al expediente revelan que la red delictiva operaba bajo una modalidad de sobresueldos por más de 1600 millones de pesos acumulados. El mecanismo ilícito incluía la asignación de suplementos a personal en actividad que luego debía reintegrar parte del dinero. La cadena de complicidades comenzó a romperse cuando una oficial subalterna se negó a participar del circuito espurio. A partir de su denuncia interna, otros integrantes de la fuerza sumaron declaraciones para detallar las presiones. Los investigadores sospechan que la rueda de retornos ilegales se ejecutaba de manera ininterrumpida desde hace dos años.

La pesquisa judicial también puso la lupa sobre otras variantes utilizadas por los administradores para abultar los desvíos. El personal investigado realizaba sistemáticamente liquidaciones a personas que ya se habían desvinculado de la fuerza armada. Mediante la manipulación de los registros informáticos, se transferían haberes en favor de agentes retirados o dados de baja. Ese dinero espurio era redireccionado hacia cuentas alternativas controladas por los cabecillas de la organización. Asimismo, se analizan presuntas adulteraciones en los comprobantes de viáticos vinculados con misiones en el extranjero.

La cartera que conduce Luis Petri reaccionó para intentar contener el impacto público del desfalco financiero. El Ministerio emitió un comunicado ratificando que la Armada inició una investigación interna para determinar las fallas operativas. Desde el entorno del ministro enfatizaron que el ordenamiento de las cuentas del Estado no admite concesiones corporativas. Las autoridades políticas dispusieron el apartamiento preventivo de los jefes directos del Servicio de Administración Financiera. La intención oficial es auditar los balances anteriores para precisar el monto exacto del perjuicio fiscal.

La dotación del personal investigado abarca a unas veinticinco personas entre oficiales de alta graduación y agentes civiles. Las planillas bancarias aportadas a la causa registran un piso documental de numerosas acreditaciones indebidas plenamente constatadas. Los peritos informáticos de la justicia federal comenzaron a secuestrar las computadoras y los soportes magnéticos del área. La mira de los tribunales busca establecer el grado de responsabilidad penal de cada firmante en la cadena. El malestar entre los marinos de línea es absoluto ante el comportamiento de los encargados de las tesorerías.

El devenir de la causa penal promete reavivar los debates en torno a los sistemas de control vigentes. La confirmación de las anomalías ocurre en simultáneo con el tratamiento legislativo del presupuesto general diseñado para las fuerzas. Los bloques opositores exigirán citar a los funcionarios del área de control interno para que brinden explicaciones. La Casa Rosada confía en que la política de transparencia adoptada sirva para demostrar una verdadera tolerancia cero frente a las irregularidades. El destino de los mandos navales implicados quedará supeditado a los procesamientos que dicte la magistratura.