De esta manera, el proceso penal mantiene su curso regular a pesar de las constantes objeciones formales presentadas. La decisión de los magistrados incrementa la presión sobre los activos registrados a nombre de las firmas comerciales investigadas.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso confirmaron que los planteos de Máximo y Florencia Kirchner no suspenden la ejecución de las penas accesorias. El fallo dictado por el tribunal resalta que el objetivo primordial es dar cumplimiento efectivo a una sanción penal de carácter patrimonial. Los abogados de los hermanos habían solicitado congelar el avance de las tasaciones sobre un conjunto de propiedades familiares heredadas. Sin embargo, las autoridades judiciales explicaron que la existencia de recursos pendientes de revisión en instancias superiores no paraliza el trámite general en curso.

La ofensiva judicial apunta a recolectar los fondos necesarios para hacer efectivo el decomiso actualizado de 685.000 millones de pesos vinculados a la condena por administración fraudulenta. Como el listado original de inmuebles incautados resulta insuficiente para cubrir el monto total actualizado por inflación, se confeccionó una segunda nómina de activos elegibles. En este nuevo inventario cobran especial relevancia las firmas comerciales donde los hermanos intervienen directamente. La fiscalía argumenta que estas estructuras societarias sirvieron como vehículos para canalizar flujos de dinero de origen cuestionable. 

En idéntico sentido, las sociedades inmobiliarias y hoteleras Hotesur y Los Sauces sufrieron un duro revés al postergarse el tratamiento de sus pedidos de exclusión. El director titular de las empresas había cuestionado que los embargos preventivos lesionaban el derecho de propiedad de personas jurídicas no condenadas. El tribunal respondió de forma unánime que las firmas comerciales mantienen a salvo sus garantías de defensa para las etapas procesales oportunas. Los magistrados aclararon que las medidas actuales poseen naturaleza estrictamente cautelar y no alteran la titularidad registral de los activos inmobiliarios. 

La mira de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola también se posó sobre los 5,5 millones de dólares de Florencia Kirchner resguardados en el Banco Galicia. La defensa legal intentó anular los pedidos de informes oficiales cursados a la entidad bancaria para verificar el estado de las cajas de seguridad. Los magistrados rechazaron la queja defensiva tras ratificar que la solicitud de datos reviste un carácter meramente informativo para el tribunal. Aunque el traspaso de las divisas no será inmediato por potenciales objeciones de competencia, el dinero permanece inmovilizado bajo la lupa del fuero federal. 

En sintonía con estas determinaciones, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el embargo preventivo del departamento de San José 1111. Se trata del inmueble porteño perteneciente a Los Sauces donde la exmandataria cumple actualmente su condena bajo la modalidad de arresto domiciliario. Los camaristas de la Sala IV desestimaron una queja de la defensa técnica que alegaba un perjuicio habitacional inminente sobre la encausada. El tribunal superior consideró que dicho escenario es puramente conjetural y que la inmovilización jurídica busca asegurar los fines del decomiso. 

El escenario judicial para el entorno de la expresidenta ingresa así en una fase de definiciones económicas que amenaza con desmantelar el holding familiar. La acumulación de fallos adversos estrecha el margen de maniobra de los administradores y acelera los tiempos de las tasaciones oficiales sobre el terreno. Las disputas técnicas en torno a las fórmulas de actualización por inflación continuarán debatiéndose en las salas de apelación durante los próximos meses. Mientras tanto, la inmovilización de bienes garantiza que el patrimonio acumulado responderá de manera directa ante los requerimientos de la condena original.