A través de una medida cautelar ratificada por la Justicia platense, se frenó la flexibilización de los estándares ambientales y sanitarios previstos para el nuevo operador. La resolución judicial se conoció en un momento crítico, a solo días de la fecha fijada para la apertura de sobres de las ofertas. Mientras el oficialismo libertario busca acelerar el desprendimiento de la mayor empresa de saneamiento del país para recaudar unos 450 millones de dólares, la oposición institucional y comunitaria sumó un fuerte respaldo legal que empantana el cronograma oficial.

El conflicto escaló a niveles críticos luego de que la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ratificara una cautelar promovida por el Defensor del Pueblo bonaerense. El fallo ordena taxativamente a la empresa abstenerse de modificar, reducir o alterar sus obligaciones vigentes respecto al acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano. De esta manera, el tribunal bloqueó el nuevo contrato de concesión diseñado, el cual otorgaba un marco normativo mucho más laxo y beneficioso para los inversores privados en detrimento de los usuarios.

La ofensiva no solo proviene del ala judicial, sino que está respaldada políticamente por la gestión del gobernador Axel Kicillof y una red de intendentes del Conurbano. Los jefes comunales de los 26 municipios afectados advierten que las bases contractuales de la privatización desprotegerían por completo a los ciudadanos frente a eventuales abusos corporativos. Entre los puntos más cuestionados se destaca la preocupante desregulación tarifaria y la virtual suspensión de la aplicación directa de la Ley de Defensa del Consumidor en el nuevo esquema propuesto por la Casa Rosada.

Por su parte, las entidades de usuarios y consumidores encendieron las alarmas por el fuerte sesgo financiero del pliego de bases y condiciones. Según denunciaron, el texto estipula que la rentabilidad del capital y las grandes obras queden ligadas al dólar, a pesar de que las facturas se abonarán exclusivamente en pesos. Esto significa que, ante cualquier eventual shock cambiario o macroeconómico en el país, el riesgo será trasladado de manera directa a las tarifas de los usuarios mediante mecanismos automáticos de recomposición.

Otro de los flancos débiles que expone la privatización es el criterio de autosustentabilidad financiera, el cual destruye la lógica de expansión solidaria de las redes de servicios. Al eliminarse los subsidios estatales, la inversión privada tenderá a concentrarse de forma natural en las zonas con mayor poder adquisitivo y alta densidad poblacional. Este panorama deja en una situación de extrema vulnerabilidad a los barrios periféricos y asentamientos sociales de la provincia, cuyas metas de expansión fijadas en el pliego son calificadas como extremadamente moderadas e insuficientes.

La parálisis de más de 260 obras de infraestructura sanitaria obligó a los bloques legislativos provinciales a exigir la inmediata reactivación de los programas estatales de expansión. Los técnicos bonaerenses sostienen que ceder el control de la Cuenca del Plata y de la distribución del recurso vital representa una pérdida directa de la capacidad soberana para planificar el territorio. Aunque el expediente judicial fue derivado ahora al fuero federal para resolver la cuestión de fondo, el blindaje impuesto por la Justicia local deja la privatización en un limbo técnico de difícil resolución.