A través de una plataforma partidaria coordinada por sus colaboradores más estrechos, la estrategia jurídica apunta a replicar las acciones internacionales que permitieron el retorno al poder de los líderes de la región. El planteo técnico busca un pronunciamiento de urgencia que congele los efectos de la sentencia dictada en los tribunales locales por la causa Vialidad. La maniobra busca reinstalar la centralidad de la dirigente de cara al armado de las listas legislativas y presidenciales. El movimiento genera un fuerte cimbronazo en el peronismo bonaerense al obturar las intenciones de renovación interna.
La mesa ejecutiva del comité internacional “Cristina Libre”, una estructura conformada por exfuncionarios del Instituto Patria como Oscar Parrilli, Juan Martín Mena y Carlos Zannini, intensificó sus gestiones en el exterior tras completar misiones políticas en ocho países. El objetivo del armado consiste en trasladar el conflicto desde los tribunales federales de Comodoro Py hacia el Comité de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, Suiza. La intención es denunciar una supuesta matriz de persecución y proscripción política contra la expresidenta Cristina Kirchner.
Para liderar la defensa técnica en las oficinas europeas, el peronismo sumó a su equipo de letrados al especialista brasileño Rafael Valim y al exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego. La estrategia de la defensa no apunta inmediatamente a discutir el fondo del fraude de la obra pública, sino a solicitar una medida cautelar de urgencia que levante de forma provisoria la accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos electivos. Según los plazos del entorno técnico, esta definición clave debería expedirse entre los meses de octubre y marzo.
El espejo político donde se mira el kirchnerismo es la matriz jurídica implementada en Brasil por Lula da Silva durante su período de detención. En 2018, una recomendación del mismo comité de expertos de Naciones Unidas sirvió como el principal insumo institucional para que el Partido de los Trabajadores sostuviera la centralidad de su líder histórico frente a la justicia de su país. Los operadores locales confían en que un dictamen internacional actúe como un elemento de presión institucional insoslayable sobre los magistrados argentinos.
La eventual habilitación internacional reactivaría de manera inmediata los planes para que la conductora del PJ compita en las elecciones primarias del año 2027. De acuerdo con el análisis de los juristas contratados, las PASO no constituyen una elección de cargos públicos en sí misma, lo que abriría una rendija legal apta para inscribir su postulación aun bajo el actual esquema de reclusión. Esta alternativa legal es seguida de cerca por el Frente Renovador de Sergio Massa y otros sectores aliados que convalidan la viabilidad del reclamo.
Sin embargo, el despliegue de esta plataforma en Ginebra funciona como una cuña silenciosa que congela las proyecciones de Axel Kicillof y los sectores tradicionales que impulsan un recambio generacional en el peronismo. La consigna de una nueva candidatura de la exvicepresidenta actúa como un límite disciplinador dentro de la provincia de Buenos Aires, obligando a toda la estructura partidaria a subordinar las discusiones de gestión local en función de la situación procesal de la conducción central.
Por su parte, desde los despachos principales de la Casa Rosada miran la ofensiva internacional con absoluta indiferencia y admiten que la polarización beneficia directamente al Gobierno. Los estrategas de Javier Milei consideran que la permanencia de la exmandataria en el centro del ring electoral funciona como el mejor insumo político para consolidar y blindar el voto propio de La Libertad Avanza. Mientras la discusión se dirime en los escritorios suizos, las encuestas le asignan al kirchnerismo un piso histórico del 25% del padrón nacional.
