El magistrado a cargo desestimó la pretensión de dos referentes parlamentarios de la oposición para intervenir de forma directa y autónoma en el proceso penal. La resolución judicial ratifica que la conducción exclusiva de la acción penal pública permanecerá bajo la órbita de los funcionarios del Ministerio Público. En paralelo, la fiscalía analiza la conveniencia de citar a una testigo transnacional cuyas declaraciones públicas salpican los mecanismos de financiamiento de la cúpula estatal. La resolución estira la incertidumbre sobre los alcances reales que tendrá la recolección de pruebas.

El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, Marcelo Martínez de Giorgi, dictó una resolución de fuerte impacto político al rechazar la incorporación como querellantes de los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro en el denominado caso $Libra. Los legisladores, ambos integrantes clave de la Comisión Investigadora constituida en el Congreso de la Nación, pretendían formalizar un rol activo y particular dentro del expediente judicial para impulsar nuevas medidas de prueba.

En los fundamentos del fallo judicial, el magistrado consideró que los legisladores demostraron un indudable "interés cierto en el esclarecimiento de los sucesos", pero advirtió que carecen del plus de afectación individual y directa requerido obligatoriamente por el código de rito. El juzgado aclaró de manera tajante que la facultad civil de denunciar un presunto ilícito económico de acción pública no confiere de forma automática la legitimación procesal necesaria para actuar de manera independiente al margen de las autoridades de la fiscalía.

Esta determinación judicial se conoció en un escenario de extrema debilidad para los damnificados privados del ecosistema virtual, dado que la Sala I de la Cámara Federal porteña convalidó la exclusión definitiva de los inversores particulares que reclamaban pérdidas millonarias. Bajo el criterio de los camaristas, los compradores asumieron de forma voluntaria los riesgos inherentes a los activos volátiles. De este modo, la responsabilidad absoluta de evitar que la causa marche hacia el archivo recae enteramente sobre el fiscal federal Eduardo Taiano.

En este contexto, la atención judicial se trasladó de inmediato al despacho de la fiscalía, donde Taiano debe resolver de forma perentoria si corresponde citar a declarar como testigo a Nadia Beller. La abogada boliviana y expareja del consultor político Fernando Cerimedo —quien permanece detenido bajo prisión preventiva en un penal de máxima seguridad en Bolivia— es considerada una pieza potencialmente explosiva debido a la información que asegura retener en sus dispositivos electrónicos particulares.

La presentación original de los diputados opositores exigía la convocatoria urgente de Beller, argumentando que la mujer afirmó públicamente que su expareja le confesó que el círculo presidencial utilizaba la estructura pública para fines espurios. En concreto, la sospecha apunta a que la secretaria general Karina Milei es una de las imputadas principales dentro de una ramificación de la causa $Libra orientada a determinar la supuesta comercialización ilegal de audiencias y de la agenda del propio jefe de Estado.

Mientras el fiscal evalúa si avanza con el trámite o si mantiene la causa con bajo perfil, los denunciantes insisten en que los dichos de la letrada extranjera confirman una operatoria sistemática y no aislada de financiamiento. Mientras tanto, Beller ya recibió una citación de carácter virtual por parte del fiscal Franco Picardi en el marco del caso ANDIS, donde también se investigan presuntos retornos y desvíos de fondos públicos, instalando un cerco judicial que roza el núcleo íntimo de Balcarce 50.