Mientras el indicador general ratificó la desaceleración, las mediciones que determinan los niveles de indigencia y desprotección social avanzaron casi un punto por encima de ese promedio. El encarecimiento de los servicios públicos y los gastos fijos familiares erosionó el impacto de la baja generalizada en los rubros estacionales. El escenario expone la dificultad de consolidar el bienestar económico en medio de una lenta recomposición de las tarifas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor correspondientes al octavo mes del año, arrojando una variación mensual del 1,7%. La cifra representó una desaceleración respecto al 2,1% de julio y se posicionó de manera oficial como el registro más bajo de los últimos 14 meses. Con este resultado, el esquema económico acumuló una inflación del 21,3% en lo que va del período anual y una medición interanual del 33,5%.

A pesar del marcado optimismo oficial, la dinámica del indicador desnudó que el índice general no comenzó con cero, quebrando la recurrente promesa que el presidente Javier Milei y su equipo habían augurado previamente para este tramo de la gestión. La resistencia a perforar el piso del 1% mensual expone la persistencia de una inercia compleja en las variables reguladas. El propio Palacio de Hacienda reconoció de forma implícita que los reajustes de fondo impiden un freno total.

La contracara del festejo oficialista estuvo signada por el fuerte incremento en las mediciones básicas de subsistencia. La Canasta Básica Total (CBT), encargada de trazar la línea de la pobreza, y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que delimita la indigencia, treparon un 2,6% durante el mismo lapso. Esta disparidad de casi un punto porcentual evidencia que los bienes indispensables para las familias de menores ingresos marchan a una velocidad muy superior a la del promedio general de las góndolas.

El disparador de esta sensible diferencia se concentró principalmente en el rubro de los gastos fijos asociados a la manutención del hogar. La división de Vivienda, agua, electricidad y gas lideró los aumentos con un 2,8%, empujada por la quita progresiva de subsidios y la actualización de los cuadros tarifarios residenciales. A este factor se sumaron las subas sostenidas en el transporte público, la educación obligatoria y las cuotas de la medicina prepaga, conformando un bloque de costos rígidos imposible de eludir.

Por el contrario, el promedio inflacionario general encontró un alivio temporal gracias al comportamiento a la baja de las categorías estacionales. Los rubros de indumentaria y calzado experimentaron una deflación del 0,6%, motivada por las liquidaciones comerciales de fin de temporada fría. De igual manera, las promociones de alojamiento y servicios turísticos posteriores al receso invernal sirvieron de contrapeso para amortiguar el impacto estadístico general.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo estatal, una familia integrada por cuatro miembros requirió un ingreso mínimo de $1.605.497 para no ser considerada pobre en el territorio nacional. La cifra enciende las alarmas entre analistas del sector social, quienes advierten que la calidad del empleo y el poder de compra real sufren el embate de un costo de vida básico que no da tregua, condicionando el optimismo macroeconómico del Gobierno.