Los mandatarios provinciales condicionaron su respaldo parlamentario a la obtención de un compromiso formal que evite futuras disputas territoriales con el oficialismo nacional. La falta de confianza mutua paraliza las negociaciones clave en ambas cámaras mientras corren los plazos del calendario institucional. Desde la Jefatura de Gabinete intentan destrabar los consensos contrarreloj para unificar criterios antes del cierre del año legislativo.

El armado político de cara a los próximos desafíos electorales ingresó en una fase de extrema desconfianza cruzada entre la Casa Rosada y el interior. Diego Santilli, quien asumió la conducción de las negociaciones políticas tras su llegada a la Jefatura de Gabinete, coordina las frenéticas tratativas para intentar liquidar el actual sistema de votación nacional. Sin embargo, la resistencia de varios distritos obligó al funcionario a recalcular su estrategia ante un pedido inédito de los mandatarios regionales.

Los gobernadores exigen un aval firmado por escrito que garantice los términos del acuerdo de reforma política antes de aportar los votos necesarios de sus diputados y senadores. El temor principal de los líderes territoriales radica en la posibilidad de que la conducción de La Libertad Avanza no respete los pactos informales de no agresión y termine plantando candidatos propios en las provincias durante los próximos comicios. La fragilidad de las promesas previas forzó a los negociadores a demandar documentación con firma, aclaración y copias.

El pacto que se teje tras bambalinas contempla un beneficio de doble vía que altera por completo el escenario partidario. A cambio de convalidar el fin de las primarias obligatorias, el Gobierno nacional ofrece despejar el camino para las reelecciones provinciales y habilitar el uso de listas colectoras en las categorías de legisladores nacionales. Este esquema les permitiría a las estructuras feudales y provinciales retener sus bancas sin quedar sometidas a las directivas directas de los armados políticos porteños.

Por su parte, el oficialismo busca acelerar el trámite parlamentario con el propósito explícito de blindar la estructura de sustentabilidad y facilitar el camino hacia una eventual reelección presidencial. Desde la perspectiva de Balcarce 50, prescindir de las elecciones preliminares elimina el riesgo de sufrir un desgaste político prematuro a mitad de año que debilite la gestión. Aun así, la barrera legislativa se mantiene firme debido al rechazo rotundo del bloque de diputados del PRO y de sectores duros del peronismo.

Ante la presión de los gobernadores para obtener una garantía formal, la respuesta del jefe de Gabinete combinó audacia con ironía de trinchera. Santilli retrucó a los referentes dialoguistas proponiendo que sean las autoridades provinciales de los respectivos partidos las que sellen los convenios cara a cara en cada distrito. Esta contrapropuesta busca exponer públicamente el pacto de conveniencia con la gestión central, algo que muchos caciques de la oposición prefieren mantener oculto para resguardar su electorado local.

Mientras la discusión de la reforma política amaga con estirarse hacia los meses de verano, la rosca del poder desnudó las urgencias de ambos lados del mostrador. Mientras el Poder Ejecutivo Nacional apela a la austeridad y al ahorro del gasto público para justificar la medida, las provincias priorizan la supervivencia de sus propias parcelas de poder. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si la desconfianza generalizada da paso a un documento definitivo que sepulte las PASO o si el sistema actual sobrevive a la falta de firmas.