El codiciado predio cuenta con una superficie total que supera los cinco mil trescientos metros cuadrados junto a las vías del Ferrocarril Roca. La medida fue recibida con absoluta indignación por los vecinos que esperaban la reanudación de los desarrollos urbanísticos paralizados desde el año pasado. 

La polémica decisión de liquidar de forma definitiva estos activos públicos forma parte del plan sistemático de disolución del Fondo Fiduciario del Procrear implementado por el Ejecutivo. El Tribunal de Tasaciones de la Nación había establecido originalmente un valor venal de 2.259 millones de pesos para el lote quilmeño. Sin embargo, la urgencia oficial por recaudar divisas líquidas forzó una rebaja sustancial en los valores de salida de la subasta electrónica. Los intendentes de la tercera sección electoral calificaron la maniobra de "regalo burdo" orientado a beneficiar exclusivamente a corporaciones privadas. 

La paralización definitiva del programa habitacional del Bicentenario provocará de manera inevitable que se pierdan miles de puestos de trabajo genuinos en los municipios bonaerenses. Con las pymes constructoras quebradas por la falta de financiamiento nacional, el desempleo estructural golpea con dureza a los obreros de la construcción. El desmantelamiento de las obras deja un tendal de esqueletos de hormigón abandonados en distritos clave como Junín, Mercedes y La Plata. La insensibilidad oficial condena a la precariedad total a miles de familias trabajadoras que aspiraban legalmente al sueño de la vivienda propia. 

La entrega del patrimonio público bonaerense expone el fracaso de un modelo macroeconómico que prefiere el remate inmobiliario antes que el desarrollo federal. Diversos jefes comunales ya preparan presentaciones urgentes ante los tribunales federales para intentar frenar la ola indiscriminada de subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Los dirigentes territoriales denuncian que Milei legisla desconociendo la crisis habitacional severa que asfixia el conurbano profundo. La venta de grandes lotes sociales licúa la soberanía territorial y destruye la planificación urbana regional planificada. 

Para concluir, el remate exprés de las tierras del ex Procrear marca el certificado de defunción de la política habitacional estatal a nivel nacional. La administración libertaria prefiere transferir estos estratégicos espacios comunitarios a fondos de inversión internacionales ávidos de especulación constructiva. Mientras el Ministerio de Economía festeja la liquidación de inmuebles estatales, las economías regionales sufren las consecuencias del abandono de la infraestructura. La resistencia institucional en la provincia de Buenos Aires busca poner un límite definitivo al avasallamiento de los derechos sociales.