La justicia ratificó medidas cautelares millonarias sobre sus bienes familiares para garantizar futuros decomisos en caso de condena. Se investiga si las compañías familiares operaron como estructuras simuladas para reingresar fondos de origen ilícito al circuito legal. El tribunal oral interviniente ya ordenó a las defensas depurar la abultada lista de testigos propuestos.

El escenario judicial del diputado nacional Máximo Kirchner se complicó de forma definitiva tras el último pronunciamiento del máximo tribunal del país. Con esta decisión, el líder de La Cámpora afrontará su primer juicio oral por corrupción, que unificará las maniobras detectadas en la inmobiliaria familiar Los Sauces y la firma hotelera Hotesur. A pesar de contar con fueros parlamentarios por su banca en el Congreso, el legislador deberá someterse al proceso presencial que dictaminó la justicia federal. 

La acusación penal construida por el Ministerio Público Fiscal sostiene que el dirigente cumplió un rol operativo fundamental dentro de la organización. Para los investigadores, el diputado firmó cheques, contratos de locación y administró las sociedades pantalla que se utilizaron para canalizar el dinero. Bajo esta hipótesis, los fondos provenían de los contratos de obra pública vial que el Estado nacional le asignaba de manera dirigida al empresario santacruceño Lázaro Báez. 

La envergadura económica del proceso penal se refleja de manera directa en el volumen de las penalidades patrimoniales impuestas. Las medidas cautelares vigentes sobre las empresas y los acusados superan los $3.000 millones, una cifra que busca equiparar el supuesto blanqueo sistemático de activos. En términos individuales, el Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF 5) fijó un embargo personal actualizado de $582 millones tanto para el diputado como para el empresario Cristóbal López.

El mayor impacto de la actualización judicial recayó sobre la estructura de la inmobiliaria Los Sauces SA. La cautelar societaria saltó de $673 millones a los $3.013 millones actuales, inmovilizando los activos principales de la familia Kirchner. Este endurecimiento de las condiciones patrimoniales se da en paralelo a la presentación de su declaración jurada anual, donde el referente legislativo reportó una fortuna total cercana a los $11.000 millones. 

El tribunal a cargo del debate comenzó a diagramar las pautas de las audiencias con el objetivo de dotar de celeridad al proceso. Los jueces intimaron a los abogados defensores a reducir drásticamente la nómina de 300 testigos inicialmente propuestos en el expediente. La fiscalía de juicio, conducida por Diego Velasco, busca incorporar además los cruces de llamadas y los mensajes telefónicos obtenidos en otras causas de corrupción conexas. 

El calendario judicial prevé fijar los cronogramas definitivos en el corto plazo para evitar dilaciones políticas previas a los próximos turnos electorales. El juicio oral contará con un esquema intensivo de tres audiencias semanales y la posibilidad explícita de habilitar días de feria judicial si fuera necesario. La defensa, ejercida por el letrado Carlos Beraldi, ya adelantó que insistirá en denunciar la vulneración de las garantías constitucionales del debido proceso.