Cada vez que se debate la ley de biocombustibles reaparece un malentendido de origen que ordena mal toda la discusión. Se los evalúa como si fueran, en primer lugar, una política energética: se compara su precio en el surtidor con el del gasoil, se discute su aporte a la matriz y se concluye, con liviandad, que son “una energía cara”. Pero esa vara mide el instrumento equivocado. El biodiésel es, antes que nada, una política agroindustrial; y solo en segundo orden, una política energética. Entender ese orden de prioridades no es un tecnicismo: es la diferencia entre una discusión seria y una caricatura.

Lo explica con claridad Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, con una analogía difícil de refutar: pretender que la Argentina exporte su aceite de soja en lugar de transformarlo en biodiésel, para que el Estado recaude más derechos de exportación, equivale a exigir que exportemos el petróleo crudo que procesamos e importemos todos los combustibles que consumimos; o a importar la carne que comemos para exportar el maíz que come el ganado. Nadie propondría semejante cosa para el petróleo o para la carne. Sin embargo, es exactamente lo que se propone cuando se trata al biodiésel como un mero commodity energético.

Industrializar el poroto, no exportarlo crudo

La cadena de la soja es el corazón exportador de la Argentina, pero exporta mayoritariamente en los primeros eslabones: poroto, aceite y harina. El biodiésel es el eslabón que agrega el último tramo de valor dentro del país. Transformar el aceite en combustible es industrializar el poroto hasta el final de la cadena, reteniendo aquí el empleo, la inversión y la renta que de otro modo se van con el barco.

Ese eslabón, además, absorbe grandes volúmenes de aceite que el mercado interno no consumiría de otra manera, sosteniendo la demanda y el precio del producto de miles de productores. No es un detalle: es un mecanismo de estabilización de toda la cadena. Cuando cae la demanda de biodiésel, no cae solo una industria; se debilita el precio del aceite para todo el complejo sojero.

Empleo y desarrollo donde más se necesita

A diferencia de la refinación de petróleo —concentrada en pocos puntos y altamente intensiva en capital—, la industria del biodiésel pyme está radicada en el interior productivo, en ciudades pequeñas y medianas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. Allí, una planta puede ser el principal empleador industrial del municipio, con trabajo calificado, y traccionando a su vez a cientos de extrusoras de soja que le proveen el aceite. Es desarrollo federal en el sentido más concreto: arraiga población, genera salarios y sostiene economías locales que ningún otro sector reemplazaría.

Un seguro frente a la volatilidad del petróleo

Hay, además, un elemento estratégico que el actual contexto internacional vuelve a poner en primer plano. El precio del petróleo atraviesa un período de fuerte volatilidad: las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las dudas sobre el abastecimiento hacen oscilar el barril de forma abrupta e impredecible, con analistas que manejan escenarios que van desde los 55 hasta más de 100 dólares según cómo evolucionen los conflictos. Para un país que importa gasoil, esa volatilidad se traslada directamente al costo de abastecer su transporte y a la presión sobre las reservas.

En ese marco, la producción nacional de biodiésel funciona como un amortiguador: cada tonelada producida en el país es una que no hace falta importar al precio —y en el momento— que imponga el mercado internacional. No se trata de reemplazar al petróleo, sino de contar con una fuente local, previsible y de base agrícola que reduce la exposición a shocks externos. Cuanto más inestable es el mundo, más valor tiene tener parte del combustible producido en casa: un componente más de seguridad energética que se suma a los beneficios agroindustriales.

Menos emisiones y —esto se dice poco— más salud

En el plano ambiental, el biodiésel reduce cerca de un 70% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto del gasoil fósil, medido por ciclo de vida completo. Es su credencial más conocida. Pero hay una dimensión que casi no se menciona y que debería pesar en cualquier debate serio: el biodiésel cuida la salud de las personas.

El estudio más riguroso sobre este punto proviene de Brasil. Investigadores del Laboratorio de Contaminación Atmosférica de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo (USP), junto al Instituto Saúde e Sustentabilidade —bajo la dirección del reconocido patólogo Paulo Saldiva—, publicaron en 2018 en la revista Aerosol and Air Quality Research un trabajo que cuantifica el impacto sanitario de elevar el corte: llevar la mezcla al 20% (B20) en las regiones metropolitanas de San Pablo y Río de Janeiro, entre 2015 y 2025, evitaría alrededor de 13.000 muertes prematuras y decenas de miles de internaciones.

El dato está corroborado por más de una fuente: el propio Instituto estimó, sobre seis capitales brasileñas, unas 52.000 internaciones evitadas y cerca de 9.000 vidas salvadas, y la Empresa de Pesquisa Energética (EPE) del Estado brasileño calculó que el corte al 10% ya evitaba 244 muertes anuales. La razón es simple: el gasoil fósil emite material particulado fino —el más dañino para el sistema respiratorio y cardiovascular— y el biodiésel lo reduce de manera significativa. Cada punto de corte que se agrega es, literalmente, aire más limpio y menos muertes evitables.

Responder a quienes lo miran al revés

Desde una mirada opuesta, se ha sostenido en columnas recientes —como la de Víctor Bronstein— que conviene “distinguir entre una política energética y una política sectorial”, que los biocombustibles serían “caros y deficientes” y que hasta el prefijo “bio” sería engañoso. El argumento tiene un problema de raíz: juzga como fracaso energético lo que nunca pretendió ser, en primer término, una política energética. Es como reprochar a una universidad pública que no genere ganancias: se le exige cumplir un objetivo que no es el suyo.

Sobre el precio, hay un doble estándar difícil de sostener: se denuncia como “subsidio” garantizarle mercado y precio al biodiésel, pero no se aplica la misma vara al petróleo, que goza del Plan Gas o del “barril criollo”. Y el precio del gasoil no incluye los costos que descarga sobre la sociedad —las muertes, las internaciones y el gasto sanitario que provoca su contaminación, precisamente lo que el estudio de la USP pone en números—. Cuando esos costos se internalizan, el biodiésel no es más caro: es más barato para el conjunto. En cuanto a la vieja disyuntiva “alimentos versus combustibles”, la evidencia internacional la dejó atrás hace más de una década, y la Argentina produce excedentes de aceite muy por encima de su consumo alimentario: no hay que elegir entre el plato y el tanque.

El orden correcto de la discusión

Puesto en el orden correcto, el biodiésel deja de ser “una energía cara” para revelarse como lo que es: una herramienta de industrialización del agro, de desarrollo federal, de ahorro de divisas, de reducción de emisiones y de salud pública, que además aporta a la matriz energética. Su beneficio no se lee en el surtidor: se lee en las fábricas del interior que siguen abiertas, en los productores que colocan su aceite, en las divisas que no se van y en las muertes que no ocurren. La pregunta, entonces, no es si el biodiésel es la energía más barata del mercado —nunca prometió serlo—, sino si la Argentina quiere seguir industrializando su producción agrícola y sosteniendo su interior, o prefiere primarizarse y exportar el valor que hoy genera en casa. Planteada así —que es la manera honesta de plantearla—, la respuesta se vuelve evidente.