Frente a las críticas que tildan al Conurbano de territorio hostil, el funcionario bonaerense apeló a la lógica estadística para rebatir el discurso de la Casa Rosada. La polémica reaviva la discusión de fondo respecto a la autonomía judicial y la transferencia de partidas presupuestarias esenciales para aplicar las reformas penales en el territorio. 

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, defendió la reducción del delito en su jurisdicción mediante una fuerte réplica conceptual. En declaraciones radiales, el funcionario cuestionó la contradicción discursiva de la legisladora nacional y sentenció: "La Provincia no puede ser un baño de sangre si Argentina es el país más seguro de la región". Alonso fundamentó su premisa argumentando que la histórica baja delictiva que capitaliza la Nación se logra, principalmente, gracias al despliegue cotidiano de la policía bonaerense. 

La disputa escaló luego de que la jueza Marta Pascual resolviera suspender por un plazo de 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el territorio provincial. La magistrada hizo lugar a una medida cautelar tras advertir sobre el alarmante hacinamiento y la falta de infraestructura en los centros de menores locales. Esta determinación judicial desató la inmediata indignación de figuras nacionales como Diego Santilli y la propia Patricia Bullrich, quienes calificaron al andamiaje legal bonaerense como puramente garantista. 

Lejos de esquivar el debate, Alonso respaldó la decisión de la Justicia y apuntó de manera directa contra la falta de previsión financiera de la gestión de Javier Milei. El titular de la cartera de seguridad provincial denunció de forma explícita que a la provincia de Buenos Aires no llegó un solo peso para costear la reforma aprobada por el Congreso. Según sus cálculos técnicos, aplicar de manera efectiva la baja de imputabilidad a los 14 años requiere duplicar la dotación de jueces, fiscales, defensores públicos y construir nuevos penales especializados. 

El funcionario bonaerense subió la apuesta retórica al tildar a la administración central como un gobierno meramente legislativo que carece de capacidad de ejecución real en el territorio. Alonso chicaneó a sus opositores al señalar que se hacen los estadistas, pero en realidad destruyen el Estado volcando su frustración únicamente a través de posteos en las redes sociales. Asimismo, recordó que la gestión de Kicillof incorporó más de 18.000 detenidos al servicio penitenciario provincial desde el inicio de su mandato para combatir la criminalidad activa.

La encrucijada expone una peligrosa parálisis operativa justo en el momento en que la nueva ley de minoridad debía entrar en vigencia a nivel nacional. El contrapunto entre los despachos de La Plata y la Casa Rosada promete agudizarse de cara a la audiencia multipropósito citada por la jueza penal para mediados de mes. Mientras el oficialismo nacional utiliza el reclamo de seguridad como un eje central de su campaña electoral, la Provincia advierte que no convalidará leyes de encierro juvenil que se pretendan ejecutar sin respaldo presupuestario.