Los testimonios describieron una matriz de exigencias financieras sistemáticas que eran planteadas directamente desde los organismos de control vial y por intermediarios vinculados al poder político de turno. El avance del juicio oral expone los detalles de la cartelización de las obras y ratifica los pilares de la acusación fiscal sobre el circuito de recaudación.

Las audiencias ante el Tribunal Oral Federal 7 reactivaron el tramo destinado a escuchar a los empresarios del sector de la construcción y las concesiones viales. El empresario del rubro de las rutas nacionales, Jorge Víctor Stocker, prestó testimonio de forma virtual y relató las fuertes presiones sufridas tras adjudicarse una licitación. El testigo describió los reclamos económicos coordinados desde el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) como "una imposición" directa que resultaba inevitable para operar.

El relato de Stocker precisó que las demandas de retribución espuria comenzaron a manifestarse con fuerza entre los años 2003 y 2004. El empresario detalló ante los magistrados que las exigencias eran transmitidas de manera operativa a través de su suegro, Benjamín Rojas, quien lideraba el día a día de la firma. Según su declaración, los directivos de la constructora no podían dar crédito a las presiones inmediatas que ejercía el organismo estatal comandado en aquel entonces por el acusado Claudio Uberti.

A este testimonio se acoplaron las revelaciones de otros constructores, como Franco Gagliardo, quien detalló las maniobras de intermediación financiera en el rubro vial. El testigo expuso ante las preguntas de la fiscal Fabiana León cómo el financista imputado Ernesto Clarens operaba sin ser funcionario público. Gagliardo relató que el financista ofrecía "dar una mano" en las licitaciones públicas a cambio de retribuciones indebidas, un mecanismo espurio que su empresa familiar decidió rechazar por la falta de transparencia.

La investigación judicial ventila además cómo la red de recaudación ilegal se valía de estructuras paralelas para convertir los aportes en moneda extranjera. En las jornadas previas de debate, otros empresarios del sector vial admitieron ante el tribunal la entrega de sobres con sumas de 50.000 dólares bajo el concepto de aportes de campaña electoral. Asimismo, las declaraciones de inspectores y contadores de la AFIP confirmaron el uso recurrente de facturación apócrifa por parte de las firmas privadas para justificar la salida del dinero ilegal.

El tramo actual del debate expone una fuerte puja jurídica en torno a la validez de los testimonios brindados durante la instrucción del caso. Mientras la fiscalía sostiene que los dichos de los ejecutivos demuestran una matriz de cohecho de la cual las empresas también se beneficiaron, algunas defensas alegan haber declarado bajo coacción en las etapas previas. La consistencia de estos relatos cruzados frente a la documentación contable será determinante para que el tribunal defina las responsabilidades penales de los sesenta empresarios procesados.