Desde la gobernación justificaron la medida bajo el argumento de recaudar fondos esenciales para la salud pública y el desarrollo social en un contexto de fuerte asfixia presupuestaria. Sin embargo, la decisión encendió las alarmas en el sector privado y reabrió una feroz disputa política con la oposición legislativa. El temor central gira en torno al posible éxodo de usuarios hacia los sitios clandestinos.

La polémica medida quedó plasmada formalmente a través de la Resolución 1149/2026 emitida por las autoridades de la Lotería de la Provincia. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue el encargado de defender públicamente la iniciativa, explicando que la retención operará sobre las utilidades de las apuestas sucesivas. De acuerdo con las proyecciones técnicas de las arcas provinciales, este descuento le permitirá al Estado bonaerense recaudar entre 35.000 y 40.000 millones de pesos cada mes.

El sustento jurídico que utiliza la gestión del Frente de Todos no es nuevo, sino que reactiva los artículos 137 al 141 de la Ley 15.079, sancionada en 2018. Aquella norma había sido aprobada durante el mandato de María Eugenia Vidal, pero su aplicación efectiva para este segmento específico del juego online había quedado congelada. Con este movimiento político, Kicillof evita tener que negociar una nueva ley tributaria en la Legislatura, obligando a las empresas a actuar como agentes de retención del dinero de los usuarios.

La quita del dos por ciento afectará las operaciones dentro de las siete plataformas que funcionan bajo licencia oficial en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Firmas internacionales y locales de peso como Betano, Betsson, BetWarrior o BPlay deberán calibrar sus sistemas para realizar el descuento en el acto. Los analistas del mercado del juego advierten que este costo extra podría desalentar el uso de canales legales, debilitando los mecanismos de control estatal.

En cuanto al destino de la millonaria recaudación, la gobernación determinó que el flujo de pesos se canalizará a través del Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS). El objetivo declarado es reforzar el presupuesto de los ministerios encargados de la asistencia comunitaria y la infraestructura escolar. Los voceros oficiales hicieron especial hincapié en que la prioridad de estos recursos será financiar los programas de prevención de ludopatía, orientados sobre todo a la población adolescente.

La respuesta de la oposición no se hizo esperar y cosechó fuertes rechazos en los bloques de la Unión Cívica Radical y el PRO en la Legislatura bonaerense. El diputado Diego Garciarena lideró las críticas al señalar que el oficialismo busca hacer caja a costa de una problemática de salud mental extremadamente grave. Desde las bancadas opositoras ya preparan pedidos de informes para auditar las billeteras virtuales y exigir que se cumpla de forma estricta la verificación de identidad biométrica de los jugadores.