La autoridad aeronáutica debió acatar el amparo de la Justicia y recordar a las aerolíneas que los topes de tareas deben volver al esquema previo, congelando una de las grandes promesas oficiales para atraer firmas extranjeras. El fracaso administrativo reaviva la pugna del Poder Ejecutivo con los gremios y expone las fragilidades legales de la gestión para reformar convenios colectivos por decreto. 

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), hoy bajo la conducción de Oscar Villabona, confirmó oficialmente que se mantiene suspendida la flexibilización operativa de pilotos y tripulantes de cabina. El organismo estatal ratificó de esta manera la vigencia de la medida cautelar que dictó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La decisión obliga a las empresas del sector a desactivar los esquemas de horarios optimizados y volver de forma inmediata a los parámetros de jornadas regulados en el año 2021.

La reforma impulsada originalmente por Federico Sturzenegger mediante el Decreto 378/25 pretendía licuar los costos de las aerolíneas modificando sustancialmente las condiciones de trabajo. Entre los cambios más polémicos, la normativa elevaba el tope anual de vuelo de 800 a 1000 horas por piloto y estiraba los servicios de los auxiliares de cabina a 14 horas por jornada. Asimismo, la iniciativa recortaba las vacaciones anuales de los comandantes veteranos a un piso estricto de apenas 15 días consecutivos.

El plan del Palacio de Hacienda también contemplaba dejar de computar como horas efectivas de labor los tiempos de traslado hacia los aeropuertos y las esperas técnicas en las terminales. No obstante, los camaristas Gabriel de Vedia y Enrique Catani fallaron en contra del Estado argumentando que estos cambios agudizan la fatiga operacional. El tribunal remarcó además que la ANAC omitió por completo el mecanismo obligatorio de consulta previa con los sectores sindicales involucrados antes de emitir la desregulación. 

La parálisis del decreto fue capitalizada de inmediato por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), conducida por el dirigente Pablo Biró. El sindicato comenzó a intimar a las compañías aéreas privadas y estatales para que readecuen de forma urgente sus programaciones bajo apercibimiento de denuncias penales. Los representantes de los trabajadores celebraron el freno judicial y advirtieron que la flexibilización ponía en severo riesgo la seguridad de los pasajeros en nombre de la rentabilidad empresarial. 

El escenario configura un panorama complejo para la estrategia de cielos abiertos del presidente Javier Milei, dado que el abaratamiento de las tripulaciones era la punta de lanza para tentar a las aerolíneas low-cost internacionales. Con las privatizaciones de firmas logísticas clave como Intercargo desiertas por falta de oferentes y el cabotaje marítimo empantanado, las grandes reformas de Sturzenegger lucen trabadas. La insistencia oficial por barrer con regulaciones de raíz choca una y otra vez contra el vallado legal de los tribunales laborales.