Las empresas muestran una extrema cautela a la hora de endeudarse en moneda extranjera y las familias enfrentan severas barreras de ingreso para calificar a los nuevos planes de vivienda. La estrategia oficial de apostar todo al apalancamiento privado choca contra la persistente pérdida del poder adquisitivo y el incremento de la morosidad.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, activó la primera licitación de depósitos a plazo fijo UVA utilizando los recursos excedentes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. El Banco Central adjudicó una tanda inicial de $200.000 millones a un total de 13 entidades financieras privadas y públicas. El propósito de este millonario fondeo estatal es mitigar el descalce de plazos de los bancos y forzarlos a ofrecer líneas hipotecarias orientadas a la compra, reforma o construcción de primeras viviendas. 

A pesar del despliegue técnico del programa, que prevé movilizar un techo total de $2 billones, la plaza financiera coincide en que su impacto macroeconómico inmediato será marginal. Las entidades adjudicatarias disponen ahora de un plazo de 90 días para colocar de manera efectiva estos préstamos bajo un tope de tasa del UVA más 7,5%. En consecuencia, los analistas estiman que el beneficio real de estos créditos atados a fondos previsionales recién comenzará a verse reflejado en las calles hacia los meses de noviembre y diciembre. 

La encrucijada del plan oficial radica en que se intenta resolver mediante una inyección de oferta un problema cuyo origen estructural se encuentra en la falta de demanda. Economistas de la City advierten que resulta inviable empujar a los hogares a tomar deudas de largo plazo en un contexto de salarios contenidos y fuerte suba de tarifas. El deterioro de los ingresos y el temor a no poder cumplir con el esquema de actualización indexada desalientan las solicitudes, manteniendo el nivel de crédito hipotecario general en apenas un 2% del PBI. 

La parálisis también se extiende a los créditos comerciales en dólares, una de las grandes apuestas de la actual gestión para financiar al sector corporativo. Meses atrás, el Palacio de Hacienda flexibilizó el marco normativo para permitir que empresas sin facturación directa en moneda extranjera puedan endeudarse en dicha divisa. No obstante, la demanda empresarial sigue siendo sumamente tímida debido a la persistente caída en los niveles de venta del mercado doméstico y a los rigurosos filtros de riesgo de los bancos. 

Para colmo de males, el crédito al consumo de corto plazo perdió dinamismo y arrastra una caída en términos reales, acompañada por un incremento de la morosidad en el sector privado. Frente a este escenario, el Banco Nación se vio obligado a implementar una reducción en sus tasas de refinanciación de deudas, llevándolas del 35% al 29% para aliviar el ahogo financiero de las familias. Desde sectores industriales señalan que las firmas con balances sólidos ya tienen financiamiento propio, mientras que las pymes más golpeadas continúan excluidas del circuito formal. 

Con las proyecciones de crecimiento del mercado ajustadas a la baja hacia un modesto 2,5% anual —muy lejos del 5% plasmado originalmente en el Presupuesto—, la urgencia de Caputo por exhibir brotes verdes es total. Sin embargo, mientras el programa económico general mantenga inalterables sus premisas de fuerte ajuste fiscal y anclaje cambiario, las intervenciones crediticias no pasarán de ser un bálsamo transitorio. La reactivación genuina de la economía real continuará postergada hasta que la capacidad de repago de los argentinos muestre una recomposición de fondo.