La contradicción administrativa quedó expuesta pocas horas después de que el propio mandatario anunciara por cadena nacional un endurecimiento en las penas contra corporaciones extranjeras en el Atlántico Sur. La revelación generó inmediatas solicitudes de informes y el rechazo generalizado de la oposición y agrupaciones de excombatientes.

La denuncia formal, impulsada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, determinó que la firma británica Harbour Energy posee el 15% de las acciones de Southern Energy. Este consorcio privado recibió la luz verde de la Casa Rosada bajo la Resolución 559/2025 para desarrollar y exportar gas desde la provincia de Río Negro. La normativa del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) le asegura al grupo empresarial masivas exenciones impositivas, cambiarias y aduaneras a largo plazo.

El nudo legal del conflicto radica en el origen institucional de la petrolera británica. Según los registros públicos de la Secretaría de Energía, Harbour Energy es la continuidad jurídica directa de la antigua compañía Premier Oil PLC, la cual modificó su denominación social en 2021. Dicha corporación había sido severamente sancionada por el Estado argentino en 2013 tras comprobarse que ejecutó tareas de exploración ilegal de hidrocarburos en la Cuenca de Malvinas.

La inhabilitación original fue dictada bajo el amparo de la Ley 26.659, una legislación nacional específica que busca blindar los recursos del mar austral. Los artículos de esta ley establecen explícitamente que la prohibición alcanza también a los accionistas y sociedades controlantes de las empresas infractoras. Asimismo, la normativa prohíbe taxativamente al propio Estado nacional celebrar cualquier tipo de contrato o concesión con firmas comerciales que se encuentren en situación de clandestinidad jurídica.

Diversos analistas y legisladores opositores cuestionaron con dureza los filtros de control del Ministerio de Economía. Resulta inexplicable para los técnicos del sector cómo las áreas encargadas de confeccionar los dictámenes legales omitieron los antecedentes de la firma en el expediente antes de la firma presidencial. Miembros de la Coalición Cívica exigieron una revisión inmediata de la medida, advirtiendo que ningún acto administrativo puede pasar por encima de una sanción judicial firme.

El escenario expone una severa paradoja para la narrativa del Poder Ejecutivo en materia de soberanía. Mientras el discurso oficial promete perseguir activamente a los consorcios anglo-israelíes que avanzan en el yacimiento Sea Lion, la realidad muestra que el gran capital extranjero obtiene blindaje jurídico en Vaca Muerta. La encrucijada legal deja al descubierto la vulnerabilidad de las fronteras regulatorias argentinas cuando las urgencias financieras de la gestión chocan contra las leyes de protección territorial.