Ante el auditorio empresarial, afirmó con contundencia que la situación actual no representa ningún riesgo sistémico y que el sector financiero privado cuenta con los mecanismos técnicos adecuados para resolver la situación de forma autónoma. De este modo, el Palacio de Hacienda ratificó su política de no intervención fiscal y buscó llevar tranquilidad al mercado frente a uno de los indicadores macroeconómicos que venía capturando la atención de los analistas en las últimas semanas.

El titular de la cartera económica argumentó que no corresponde bajo ninguna circunstancia emplear el dinero de los contribuyentes para compensar los balances de firmas comerciales privadas cuyo objeto social principal es, precisamente, la evaluación y asunción del riesgo crediticio de sus carteras. En su visión, delegar esa responsabilidad en el Estado equivaldría a aplicar una receta populista que distorsiona las reglas elementales del mercado financiero. 

Según el diagnóstico oficial, una fracción importante de los atrasos observados responde de manera directa a un proceso natural de aprendizaje sistémico tras años de regulaciones anómalas. El ministro señaló que la banca local operó durante mucho tiempo bajo un esquema de incentivos distorsionados, donde resultaba infinitamente más rentable y seguro financiar los desequilibrios del Estado que dedicarse a desarrollar líneas de crédito genuinas para el sector privado. 

A pesar del ruido político generado en torno a las estadísticas de incumplimiento, el funcionario pronosticó con optimismo que la tasa de morosidad irá cayendo de forma progresiva a medida que la actividad económica general consolide su recuperación estructural. Destacó además que los directorios de los bancos comerciales se están portando muy bien al sentarse activamente con sus clientes para diseñar planes de refinanciación a largo plazo y con tasas de interés sustancialmente más bajas. 

Para respaldar su postura con datos de la banca pública, el jefe del Palacio de Hacienda reveló que el Banco Nación concretó más de 100.000 operaciones de refinanciamiento en el último período. Esta reestructuración de pasivos para clientes particulares y pequeñas empresas demandó una inyección contable equivalente a $500.000 millones, sirviendo como un claro ejemplo de la capacidad de absorción y renegociación interna que posee el sistema sin requerir subsidios directos del Tesoro nacional.

Hacia el tramo final de su exposición, el ministro extendió su análisis hacia el escenario de mediano plazo y pronosticó un horizonte electoral para el año 2027 sumamente tranquilo en materia cambiaria y financiera. No obstante, aclaró que la actual administración nacional no diseña sus planes de contingencia basándose en supuestos excesivamente optimistas, sino que el equipo económico trabaja diariamente preparándose para resistir los escenarios de máxima tensión de los mercados internacionales.