Las audiencias se llevarán a cabo con una intensa frecuencia de tres jornadas semanales, habilitando la posibilidad de sesionar de forma consecutiva para evitar dilaciones extenuantes. La vía telemática o remota quedará reservada de forma excepcionalísima solo para imputados o testigos que presenten justificaciones de fuerza mayor debidamente acreditadas. A pesar de definir las reglas de juego lógicas, el tribunal no le puso fecha de inicio al debate debido a que persisten peritajes contables clave pendientes de entrega en el expediente.

La investigación penal unificada busca determinar si la estructura societaria de la familia presidencial se utilizó para canalizar retornos ilegales provenientes de contratos públicos. La hipótesis principal de la fiscalía señala que las empresas Hotesur y Los Sauces simularon alquileres de habitaciones de hotel y propiedades inmobiliarias a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López como pantalla para blanquear fondos de origen delictivo.

Durante la audiencia ordenatoria preliminar, las distintas defensas y las querellas estatales lograron destrabar algunos puntos de conflicto procesal para acelerar los tiempos del litigio. Los abogados acordaron que al comienzo del debate se leerá un resumen acotado del requerimiento de elevación a juicio, evitando la tediosa e innecesaria lectura completa de las miles de páginas que componen la acusación original.

Por su parte, el abogado defensor Carlos Beraldi jugó su primera carta fuerte al solicitar de manera formal la exclusión del proceso de más de treinta testigos. El letrado fundamentó su pedido argumentando que estos declarantes habían sido propuestos originalmente por la Oficina Anticorrupción, un organismo público que desistió de continuar ejerciendo el rol de querellante activo en este expediente judicial.

Asimismo, la defensa legal de los Kirchner adelantó una férrea resistencia técnica respecto a las metodologías de incorporación de pruebas que pretende convalidar el Ministerio Público. Beraldi se opuso de forma tajante a que se incorporen testimonios o declaraciones previas por lectura, exigiendo que cada uno de los testigos comparezca físicamente ante el estrado para garantizar el derecho de defensa.

El verdadero escollo que impide fijar el día exacto de la primera audiencia es un peliagudo informe interdisciplinario a cargo de peritos de la Corte Suprema. Ante el reclamo de celeridad formulado por el fiscal Diego Velasco, el tribunal resolvió intimar a los peritos contables para que entreguen los resultados definitivos del estudio integral de los libros comerciales en un plazo perentorio de quince días.

La confirmación del debate oral y presencial reabre un capítulo judicial espinoso que la familia Kirchner creía haber clausurado de manera definitiva en los despachos tribunalicios. Cabe recordar que, si bien el binomio de imputados había sido sobreseído en el año 2021 sin llegar a la instancia de juicio, la Cámara de Casación Penal revocó el beneficio y ordenó la reapertura inmediata de las actuaciones para que la verdad se dirima en un juicio público.