Un informe de la consultora Politikón Chaco reveló que las transferencias no automáticas hacia las distintas jurisdicciones sufrieron una caída real interanual del 66,4% en agosto, sumando la paupérrima cifra de $68.288 millones. El relevamiento técnico confirmó de esta manera que el flujo financiero se convirtió oficialmente en el peor agosto registrado desde el año 2005. Con este severo recorte generalizado de fondos, el presidente Javier Milei ratifica la vigencia inquebrantable de su plan de consolidación fiscal extrema, licuando por completo las herramientas tradicionales de asistencia económica que habitualmente sostenían a las administraciones locales.

La sintonía fina implementada por la Casa Rosada golpeó de forma directa las partidas que financian planes de infraestructura vial, programas educativos obligatorios y sostenimiento de la previsión social. De hecho, los escasos giros monetarios del mes quedaron fuertemente concentrados en apenas dos conceptos específicos: el programa de Universalización de la Jornada Extendida escolar que acaparó $30.455 millones y las asistencias destinadas a Cajas Previsionales provinciales por otros $15.000 millones.

La asimetría en el reparto geográfico de este remanente de recursos volvió a exponer una marcada concentración política y territorial a nivel nacional. El lote de distritos con mayor volumen de recepción estuvo liderado por la provincia de Buenos Aires con el 23,7% del total, seguida en menor escala por los distritos de Entre Ríos con 12,9% y Santa Fe con 10,4%.

En el extremo opuesto de la tabla distributiva, el panorama financiero resultó de un aislamiento casi absoluto para un pelotón de provincias periféricas. El reporte técnico de la consultora ubicó en el fondo del listado a Tierra del Fuego con apenas $94 millones enviados, quedando junto a Río Negro, Formosa y Santa Cruz con niveles de participación inferiores al 0,3% dentro del reparto de fondos del mes.

La vulnerabilidad económica de Tierra del Fuego, el distrito subnacional que integra civil y jurídicamente a las Islas Malvinas, encendió las alarmas locales ante la imposibilidad de costear gastos operativos básicos. El ahogo financiero sobre la isla se agravó drásticamente debido a que la administración nacional resolvió congelar por completo el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo clave de emergencia que este mes recaudó $107.987 millones pero mantuvo su ejecución en cero para el interior.

Ante este escenario de asfixia, los gobernadores planean endurecer su postura legislativa de cara a la inminente discusión del Presupuesto general. El bloque de mandatarios provinciales intentará forzar un mecanismo de distribución automática de los recursos públicos excedentes, buscando blindar sus cajas frente a una estrategia libertaria que parece decidida a no ceder ni un solo centavo en pos de resguardar el superávit de la administración central.