Tras el fracaso de los acuerdos verbales en el Consejo de la Magistratura, el mandatario mediterráneo optó por trabar el plenario mediante dictámenes de minoría. En los pasillos del poder ya se habla de una tregua a largo plazo que podría patear las definiciones para el próximo año electoral, abriendo paso a una compleja negociación de cargos cruzados. Cada sector busca consolidar su propia tropa en tribunales estratégicos del interior.

El escenario judicial en el interior de la provincia de Córdoba ingresó en una fase de congelamiento que promete extenderse hasta las elecciones legislativas de 2027. El gobernador Martín Llaryora decidió frenar en seco la selección de magistrados luego de acusar al entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de romper los pactos informales que se habían tejido previamente para el armado de las ternas en el Consejo de la Magistratura. 

La disputa cobró fuerza cuando los emisarios de la Casa Rosada elevaron propuestas parlamentarias que ignoraban por completo las sugerencias del Ejecutivo provincial. Como contraestrategia inmediata, el oficialismo cordobés impulsó dictámenes disidentes de minoría para bloquear las vacantes de los tribunales clave de San Francisco y Villa María, forzando a que las designaciones requieran ahora de una mayoría agravada en el plenario que ninguno posee por sí solo. 

Dentro de este laberinto de desconfianzas mutuas, los operadores políticos de ambos sectores empezaron a diseñar una salida negociada que evite una parálisis permanente. El borrador de este acuerdo preliminar contempla que el gobernador resignaría la postulación de Federico Robledo en el juzgado de San Francisco, una de las fichas más vigiladas por el llaryorismo al tratarse del pago chico del mandatario.

A cambio de ceder esa posición, la condición innegociable de la provincia exige que la Casa Rosada dé de baja la candidatura de Carolina Ludueña, la postulante impulsada originalmente por el sello de La Libertad Avanza para esa misma localidad. Este trueque de nombres permitiría destrabar un conflicto de poderes que mantiene los juzgados vacantes desde hace más de dos años y que afecta directamente el servicio de justicia regional.

El plan de canje no termina allí, ya que la moneda de cambio incluye también el destino del juzgado federal de Villa María. Si las cúpulas libertarias aceptan reconfigurar el casillero de San Francisco, Llaryora liberará la terna de Villa María para que el oficialismo nacional pueda avanzar con sus propios hombres de confianza, sellando así un pacto de mutua conveniencia entre el peronismo cordobés y la Rosada. 

Por el momento, las negociaciones se manejan con un marcado hermetismo y sin urgencias cronológicas por parte de los armadores políticos de las dos facciones. Mientras la rosca judicial continúa detrás de escena, la realidad objetiva indica que los tribunales del interior cordobés seguirán bajo regímenes de subrogancia, convirtiendo la designación de los jueces en una moneda de cambio de altísimo valor de cara al rearmado político de los próximos meses.