En la provincia opera Diaser, una empresa que elabora y comercializa biodiésel, genera empleo y contribuye de manera decisiva al desarrollo de la economía local. Según los datos de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), Diaser produce 40.896 toneladas al año y genera valor por 49.075.200 dólares anuales, y es la única planta pyme del sector radicada en San Luis. De concretarse el cierre de la planta, se perderían decenas de puestos de trabajo directos e indirectos, crecería la desocupación y la provincia vería reducida su recaudación de impuestos y tasas.

"La empresa DIASER produce biodiesel en la Ciudad de San Luis, en el parque industrial norte desde hace 20 años (2006), también produce Bioetanol en la zona de actividades logísticas (ZAL) de Villa Mercedes. Ambas plantas cuentan con unos 260 trabajadores directos (60 en San Luis y 200 en Villa Mercedes) y más de 500 indirectos generados por la logística, el transporte y el acopio de granos en la provincia de San Luis. El proyecto de la nueva Ley de Biocombustibles pondría en riesgo la viabilidad de la planta de San Luis en el mediano plazo, ya que forzará a las plantas locales a competir de forma asimétrica contra corporaciones globales."

— Paulina Calderón, Concejala del Bloque Justicialista,  detalló los datos de la actividad local.

Desde CEPREB son categóricos sobre el trasfondo político de la reforma. "Resulta inaceptable que un proyecto de ley del gobierno de Javier Milei, presentado por la senadora Bullrich, perjudique a San Luis y concentre el negocio en seis multinacionales de Santa Fe", sostienen desde la cámara que agrupa a las productoras regionales. La advertencia adquiere un peso singular porque San Luis es la única provincia cuyana con producción de biodiésel dentro del régimen, y la actividad forma parte de su perfil industrial.

Para entender por qué preocupa, hay que mirar el diseño de la reforma. El Proyecto S-809/26, ingresado al Senado el 14 de mayo de 2026 por Bullrich y seis legisladores de La Libertad Avanza, propone derogar la Ley 27.640 —vigente hasta 2030— y reemplazarla por un régimen presentado como "desregulado y libre". El texto anuncia un aumento del corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, pero incorpora una letra chica decisiva: el coprocesamiento, que permite a las petroleras fabricar el combustible renovable dentro de sus propias refinerías y computarlo como parte del corte, sin comprárselo a las pymes. Ese mecanismo escala hasta un tope de 3 puntos, de modo que el mercado real para las elaboradoras independientes se reduce a cerca del 7%.

A esa poda se suma el artículo 38, que el oficialismo presenta como un "período de transición" para las empresas no integradas. Leído en detalle, es otra cosa: un cronograma de extinción. La cuota asegurada a las pymes cae año a año hasta desaparecer por completo, y a partir del 1° de enero de 2031 todo el mercado queda sujeto a competencia abierta. Con cuatro millones de toneladas de capacidad instalada para un mercado interno de apenas un millón, esa liberalización sin reglas no produce competencia sino concentración. La producción quedaría en manos de cinco o seis grandes aceiteras integradas del complejo agroexportador de Santa Fe.

"El municipio de la ciudad de San Luis se vería afectado directamente por la pérdida de empleo local de 60 familias de San Luis Capital que dependen del empleo directo de la planta. Estos puestos son calificados (técnicos, ingenieros y operarios), un perfil laboral difícil de reabsorber. Asimismo, la caída en la recaudación de Tasas Municipales golpeará las arcas comunales por menor cobro en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y servicios generales de red. Además, genera un antecedente de inseguridad jurídica que restaría atractivo al Parque Industrial Norte frente a otras ciudades."

— La funcionaria, continuó advirtiendo sobre el impacto en la ciudad.

El punto central es que no se trata de competencia real. La materia prima —el aceite de soja— representa el 80% del costo del biodiésel, y las grandes aceiteras integradas son al mismo tiempo proveedoras y competidoras de las pymes. Un diferencial de apenas 10% en los costos alcanza para desplazar a una planta regional. "La propuesta de ley de Patricia Bullrich está hecha a medida de las aceiteras y contra las pymes, y afecta a toda la cadena de valor de la soja. Así como está no puede ser votada; hay que hacer una ley equilibrada en la que el corte crezca en serio y las pymes sigan produciendo", resumió Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB. Quien controla el insumo, advierte el sector, se queda con el negocio.

Lo que está en juego tiene escala nacional pero se siente en cada localidad. Son 25 plantas pyme distribuidas en cinco provincias —Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis—, que producen cerca del 65% del biodiésel para la mezcla obligatoria, facturan alrededor de 1.000 millones de dólares al año y sostienen unos 9.500 empleos, en su mayoría calificados y radicados en el interior donde una sola planta puede ser un empleador formal de peso. Para San Luis, la pérdida de su única planta significaría además quedar fuera del mapa de un sector estratégico.

El entramado va más allá de la planta. La demanda regional de aceite tracciona alrededor de 400 extrusoras pyme distribuidas en el interior, que molturan el grano cerca del productor, y sostiene la producción de soja de las economías regionales. Cuando una planta de biodiésel cierra, no se apaga solo una fábrica: se corta un eslabón que arrastra empleo en el transporte, en los servicios locales y en toda la cadena de valor que se articula a su alrededor. Una planta que cierra en el interior, alerta CEPREB, no vuelve a reabrir.

Hay además una cuestión de seguridad jurídica que el sector remarca con insistencia. Estas empresas invirtieron a largo plazo confiando en la Ley 27.640, que el propio Estado sancionó en 2021 con vigencia hasta 2030. Sobre esas reglas contrataron personal, asumieron compromisos financieros y desarrollaron capacidad industrial. Alterar el marco seis años antes de lo previsto, dejando afuera a quienes invirtieron de buena fe, vulnera la previsibilidad indispensable para cualquier desarrollo productivo. "La geografía no se puede cambiar por ley", sintetiza el documento de la cámara: una planta del interior no puede mudarse al polo aceitero de Rosario para acceder a las mismas ventajas.

Frente al proyecto oficial, CEPREB no se planta solo en el rechazo: puso sobre la mesa una alternativa concreta. La propuesta que impulsa la cámara eleva el corte al 12,5% —punto medio entre el 10% del Ejecutivo y el 15% que reclaman los sectores productivos— y divide el mercado interno en tres segmentos con reglas propias: 5% para las pymes regionales (las plantas ubicadas a más de 80 kilómetros del Puerto General San Martín), 2,5% para las empresas no integradas del polo de Rosario y 5% de libre mercado, que absorberían las grandes integradas hoy ausentes del corte interno. En los tres segmentos rige la competencia por licitación: se terminan los cupos y precios fijados por el Estado, pero sin condenar a las pymes del interior.

"El sector tracciona de forma indirecta a transportistas, talleres, laboratorios y proveedores de servicios que operan en los ejidos del municipio, y su caída reduciría el consumo en el comercio minorista. Hay motivos más que suficientes para que los senadores provinciales, en defensa de la industria provincial y el federalismo, Ivana Arrascaeta y Bartolo Abdala, voten como Fernando Salino en contra de esta Ley."

— Desde el Bloque Justicialista concluyó la referente legislativa.

La cámara sostiene que su esquema no busca conservar privilegios sino aplicar un criterio que el propio proyecto ya reconoce. La iniciativa oficialista segmenta el bioetanol entre caña de azúcar y maíz, con cupos diferenciados, porque admite que son realidades productivas distintas que no pueden competir en igualdad de condiciones. El sector pyme reclama exactamente lo mismo para el biodiésel: si el principio federal vale para proteger a los ingenios del norte, debe valer también para las plantas del interior pampeano y cuyano. "No pedimos una excepción: pedimos que el mismo principio se aplique de manera coherente", plantea el comunicado de la industria.

La discusión, entonces, no es entre desregular o no desregular, sino sobre cómo hacerlo sin destruir un entramado productivo federal. Mientras Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea e Indonesia protegen activamente su industria con aranceles, créditos fiscales, cupos regionales o subsidios, el proyecto argentino propone el camino inverso. Para San Luis, el resultado de esa apuesta no es una abstracción de política energética: es la diferencia entre sostener una fuente de trabajo o verla apagarse. La pregunta que queda abierta es por qué el oficialismo insiste con un texto que amenaza a las pymes del interior, en lugar de dar tiempo a una salida que no deje a nadie afuera.