En la ciudad opera Biobahia, una empresa que elabora y comercializa biodiésel, genera empleo y contribuye de manera decisiva al desarrollo de la economía local. Según los datos de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), Biobahia produce 40.896 toneladas al año y genera valor por 49.075.200 dólares anuales. De concretarse el cierre de la planta, se perderían decenas de puestos de trabajo directos e indirectos, crecería la desocupación en la ciudad y el municipio vería reducida su recaudación de impuestos y tasas.

La preocupación escaló hasta el Concejo Deliberante local, donde se siguen de cerca las asimetrías que plantea el nuevo texto. "Mi posición es clara: estoy de acuerdo con avanzar hacia una nueva ley de biocombustibles, aumentar los cortes, promover inversiones y generar mayor competencia. Pero la competencia tiene que servir para producir más, invertir más y generar más empleo, no para reemplazar empresas del interior que llevan años invirtiendo y produciendo por un mercado concentrado en unos pocos grandes jugadores", advirtió el concejal bahiense Emiliano Álvarez Porte, del bloque PRO-Libertad.

Desde CEPREB son categóricos sobre el trasfondo político de la reforma. "Resulta inaceptable que un proyecto de ley del gobierno de Javier Milei, presentado por la senadora Bullrich, perjudique a Bahía Blanca y concentre el negocio en seis multinacionales de Santa Fe", sostienen desde la cámara que agrupa a las productoras regionales. La advertencia sintetiza el temor de fondo: que una ciudad del interior pierda una fuente de trabajo para que el negocio se traslade al polo agroexportador.

Para entender por qué preocupa, hay que mirar el diseño de la reforma. El Proyecto S-809/26, ingresado al Senado el 14 de mayo de 2026 por Bullrich y seis legisladores de La Libertad Avanza, propone derogar la Ley 27.640 —vigente hasta 2030— y reemplazarla por un régimen presentado como "desregulado y libre". El texto anuncia un aumento del corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, pero incorpora una letra chica decisiva: el coprocesamiento, que permite a las petroleras fabricar el combustible renovable dentro de sus propias refinerías y computarlo como parte del corte, sin comprárselo a las pymes. Ese mecanismo escala hasta un tope de 3 puntos, de modo que el mercado real para las elaboradoras independientes se reduce a cerca del 7%.

A esa poda se suma el artículo 38, que el oficialismo presenta como un "período de transición" para las empresas no integradas. Leído en detalle, es otra cosa: un cronograma de extinción. La cuota asegurada a las pymes cae año a año hasta desaparecer por completo, y a partir del 1° de enero de 2031 todo el mercado queda sujeto a competencia abierta. Con cuatro millones de toneladas de capacidad instalada para un mercado interno de apenas un millón, esa liberalización sin reglas no produce competencia sino concentración. La producción quedaría en manos de cinco o seis grandes aceiteras integradas del complejo agroexportador de Santa Fe.

El punto central es que no se trata de competencia real. La materia prima —el aceite de soja— representa el 80% del costo del biodiésel, y las grandes aceiteras integradas son al mismo tiempo proveedoras y competidoras de las pymes. Un diferencial de apenas 10% en los costos alcanza para desplazar a una planta regional. Respecto a esta distorsión de mercado, Álvarez Porte remarcó: "No comparto la idea de conservar privilegios ni mercados cerrados indefinidamente, pero tampoco considero razonable llamar 'libre competencia' a poner a competir en igualdad de condiciones a una pyme que compra el aceite de soja con una gran empresa integrada que produce esa misma materia prima".

"La propuesta de ley de Patricia Bullrich está hecha a medida de las aceiteras y contra las pymes, y afecta a toda la cadena de valor de la soja. Así como está no puede ser votada; hay que hacer una ley equilibrada en la que el corte crezca en serio y las pymes sigan produciendo", resumió Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB. Quien controla el insumo, advierte el sector, se queda con el negocio.

Lo que está en juego tiene escala nacional pero se siente en cada localidad. Son 25 plantas pyme distribuidas en cinco provincias —Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis—, que producen cerca del 65% del biodiésel para la mezcla obligatoria, facturan alrededor de 1.000 millones de dólares al año y sostienen unos 9.500 empleos, en su mayoría calificados y radicados en ciudades del interior donde una sola planta puede ser un empleador formal de peso. En una ciudad como Bahía Blanca, esa ecuación no es un dato estadístico: es el sustento de decenas de familias que dependen directa o indirectamente de la actividad.

El entramado va más allá de la planta. La demanda regional de aceite tracciona alrededor de 400 extrusoras pyme distribuidas en el interior, que molturan el grano cerca del productor, y sostiene la producción de soja de las economías regionales. Cuando una planta de biodiésel cierra, no se apaga solo una fábrica: se corta un eslabón que arrastra empleo en el transporte, en los servicios locales y en toda la cadena de valor que se articula a su alrededor. Una planta que cierra en el interior, alerta CEPREB, no vuelve a reabrir.

Hay además una cuestión de seguridad jurídica que el sector remarca con insistencia. Estas empresas invirtieron a largo plazo confiando en la Ley 27.640, que el propio Estado sancionó en 2021 con vigencia hasta 2030. Sobre esas reglas contrataron personal, asumieron compromisos financieros y desarrollaron capacidad industrial. Alterar el marco seis años antes de lo previsto, dejando afuera a quienes invirtieron de buena fe, vulnera la previsibilidad indispensable para cualquier desarrollo productivo. "La geografía no se puede cambiar por ley", sintetiza el documento de la cámara: una planta del interior no puede mudarse al polo aceitero de Rosario para acceder a las mismas ventajas.

Frente al proyecto oficial, CEPREB no se planta solo en el rechazo: puso sobre la mesa una alternativa concreta. La propuesta que impulsa la cámara eleva el corte al 12,5% —punto medio entre el 10% del Ejecutivo y el 15% que reclaman los sectores productivos— y divide el mercado interno en tres segmentos con reglas propias: 5% para las pymes regionales (las plantas ubicadas a más de 80 kilómetros del Puerto General San Martín), 2,5% para las empresas no integradas del polo de Rosario y 5% de libre mercado, que absorberían las grandes integradas hoy ausentes del corte interno. En los tres segmentos rige la competencia por licitación: se terminan los cupos y precios fijados por el Estado, pero sin condenar a las pymes del interior.

Para el concejal del bloque PRO-Libertad, esta propuesta técnica de las pymes es una salida viable que debe ponerse sobre la mesa de debate. "Hay un punto que me parece central: las propias pymes están proponiendo aumentar el corte de biodiésel al 12,5% y permitir el ingreso de las grandes aceiteras sobre ese mercado ampliado. Creo que esa alternativa merece ser seriamente considerada", afirmó el edil. Al mismo tiempo, concluyó que "como concejal de Bahía Blanca, mi prioridad en esta discusión es defender la producción, las inversiones y los puestos de trabajo de nuestra ciudad. Una buena ley debería conseguir las dos cosas: más competencia y más producción, pero también proteger la capacidad productiva federal que Argentina construyó durante años".

La cámara sostiene que su esquema no busca conservar privilegios sino aplicar un criterio que el propio proyecto ya reconoce. La iniciativa oficialista segmenta el bioetanol entre caña de azúcar y maíz, con cupos diferenciados, porque admite que son realidades productivas distintas que no pueden competir en igualdad de condiciones. El sector pyme reclama exactamente lo mismo para el biodiésel: si el principio federal vale para proteger a los ingenios del norte, debe valer también para las plantas del interior pampeano y cuyano. "No pedimos una excepción: pedimos que el mismo principio se aplique de manera coherente", plantea el comunicado de la industria.

La discusión, entonces, no es entre desregular o no desregular, sino sobre cómo hacerlo sin destruir un entramado productivo federal. Mientras Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea e Indonesia protegen activamente su industria con aranceles, créditos fiscales, cupos regionales o subsidios, el proyecto argentino propone el camino inverso. Para Bahía Blanca, el resultado de esa apuesta no es una abstracción de política energética: es la diferencia entre sostener una fuente de trabajo o verla apagarse. La pregunta que queda abierta es por qué el oficialismo insiste con un texto que amenaza a las pymes del interior, en lugar de dar tiempo a una salida que no deje a nadie afuera