La ambiciosa operación inmobiliaria y logística quedó totalmente truncada tras la reciente detención de Cerimedo en Bolivia, donde la Justicia local lo investiga por graves delitos. El empresario Quintanal compartía el mismo domicilio fiscal con el estratega digital y mantenía, según fuentes del propio partido oficialista, una fluida llegada directa a Karina Milei. Este estrecho vínculo político funcionaba como la llave maestra para abrir las puertas de un negocio multimillonario históricamente reservado a un selecto grupo de operadores.

El desembarco de este esquema en el corazón agroexportador santafesino se formalizó a mediados de 2024, cuando la financiera Surlibre Inversiones compró acciones de la firma local Sanabria SRL. La velocidad para conseguir las autorizaciones provisorias de Prefectura encendió las alarmas de todo el sector portuario nacional. Mientras el municipio local rechazaba la habilitación correspondiente por severas faltas de documentación, los organismos nacionales otorgaban permisos en tiempo récord para la venta mayorista de combustible diésel a remolcadores.

La parcela que el entorno de Cerimedo pretendía anexar a su negocio tiene un pasado ligado al Estado, ya que formó parte de la ex Junta Nacional de Granos. El valor estratégico de las 30 hectáreas controladas por la ferroviaria de Bolivia es incalculable para el transporte fluvial de mercancías. La intención de los involucrados era unificar ese extenso terreno con la rampa precaria de Sanabria SRL, buscando transformar un simple baldío en un nodo logístico de alcance internacional operado en dólares.

La trama sumó ribetes dramáticos tras las recientes declaraciones públicas de Nadia Beller, ex pareja de Cerimedo y víctima de un ataque de sicarios en territorio boliviano. La mujer confirmó ante los medios de comunicación que Quintanal operaba como el verdadero enlace de confianza ante el Gobierno argentino para destrabar expedientes complejos. De manera coincidente, los beneficios otorgados a la empresa bajo la lupa avanzaron en sintonía con la llegada de funcionarios clave al área de Puertos y Vías Navegables de la Nación.

Actualmente, el escándalo se trasladó a los tribunales de Comodoro Py mediante una denuncia penal que exige investigar las responsabilidades de altos funcionarios por presunto abuso de autoridad. Las sospechas apuntan a un trato preferencial destinado a beneficiar económicamente a los asesores del oficialismo en una ruta clave para la economía. El frustrado intento de compra del puerto boliviano dejó al descubierto un engranaje donde se mezclan el tráfico de influencias, el dinero de las redes y la joya logística de la Hidrovía.