La discusión por la reforma de la Ley de Biocombustibles dejó de ser un debate abstracto del Senado para convertirse en una amenaza directa sobre los pueblos del interior productivo. En Junín, la industria pyme del biodiésel es una fuente de empleo calificado y de actividad económica que hoy está en riesgo por el Proyecto S-809/26, la iniciativa que impulsa la senadora Patricia Bullrich. Si la reforma avanza tal como está redactada, la producción local podría quedar sin lugar en el mercado que hoy abastece.

En la ciudad opera Biobin, una empresa que elabora y comercializa biodiésel, genera empleo y contribuye de manera decisiva al desarrollo de la economía local. Según los datos de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), Biobin produce 40.896 toneladas al año y genera valor por 49.075.200 dólares anuales. De concretarse el cierre de la planta, se perderían decenas de puestos de trabajo directos e indirectos, crecería la desocupación en la ciudad y el municipio vería reducida su recaudación de impuestos y tasas.

Desde CEPREB son categóricos sobre el trasfondo político de la reforma. "Resulta inaceptable que un proyecto de ley del gobierno de Javier Milei, presentado por la senadora Bullrich, perjudique a Junín y concentre el negocio en seis multinacionales de Santa Fe", sostienen desde la cámara que agrupa a las productoras regionales. La advertencia sintetiza el temor de fondo: que una localidad del interior pierda una fuente de trabajo para que el negocio se traslade al polo agroexportador.

Desde Política y Medios conversamos con la concejal Belén Veronelli del bloque Libertad y Justicia, que muy preocupada por la situación nos comentaba:

“Desde que asumí como concejal tomé el compromiso de defender a las PYMES como generadoras de trabajo para el interior bonaerense. Resulta inentendible la dicotomía que existe al pretender aprobar un proyecto de ley del gobierno nacional que destruye empresas, inversión y empleo en el interior bonaerense, mientras que sus mismos candidatos recorren la provincia hablando de inversión, trabajo y generación de riquezas”.

Para entender por qué preocupa, hay que mirar el diseño de la reforma. El Proyecto S-809/26, ingresado al Senado el 14 de mayo de 2026 por Bullrich y seis legisladores de La Libertad Avanza, propone derogar la Ley 27.640 —vigente hasta 2030— y reemplazarla por un régimen presentado como "desregulado y libre". El texto anuncia un aumento del corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, pero incorpora una letra chica decisiva: el coprocesamiento, que permite a las petroleras fabricar el combustible renovable dentro de sus propias refinerías y computarlo como parte del corte, sin comprárselo a las pymes. Ese mecanismo escala hasta un tope de 3 puntos, de modo que el mercado real para las elaboradoras independientes se reduce a cerca del 7%.

A esa poda se suma el artículo 38, que el oficialismo presenta como un "período de transición" para las empresas no integradas. Leído en detalle, es otra cosa: un cronograma de extinción. La cuota asegurada a las pymes cae año a año hasta desaparecer por completo, y a partir del 1° de enero de 2031 todo el mercado queda sujeto a competencia abierta. Con cuatro millones de toneladas de capacidad instalada para un mercado interno de apenas un millón, esa liberalización sin reglas no produce competencia sino concentración. La producción quedaría en manos de cinco o seis grandes aceiteras integradas del complejo agroexportador de Santa Fe.

El punto central es que no se trata de competencia real. La materia prima —el aceite de soja— representa el 80% del costo del biodiésel, y las grandes aceiteras integradas son al mismo tiempo proveedoras y competidoras de las pymes. Un diferencial de apenas 10% en los costos alcanza para desplazar a una planta regional. "La propuesta de ley de Patricia Bullrich está hecha a medida de las aceiteras y contra las pymes, y afecta a toda la cadena de valor de la soja. Así como está no puede ser votada; hay que hacer una ley equilibrada en la que el corte crezca en serio y las pymes sigan produciendo", resumió Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB. Quigen controla el insumo, advierte el sector, se queda con el negocio.

Lo que está en juego tiene escala nacional pero se siente en cada localidad. Son 25 plantas pyme distribuidas en cinco provincias —Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis—, que producen cerca del 65% del biodiésel para la mezcla obligatoria, facturan alrededor de 1.000 millones de dólares al año y sostienen unos 9.500 empleos, en su mayoría calificados y radicados en pueblos del interior donde una sola planta puede ser el principal empleador formal. En una ciudad como Junín, esa ecuación no es un dato estadístico: es el sustento de decenas de familias que dependen directa o indirectamente de la actividad.

“Condenar a las empresas a la quiebra no es desregulación ni libre mercado. Es cambiar una regulación por otra que direcciona arbitrariamente a sus beneficiarios. La Argentina necesita imperiosamente inversiones, y para ello se necesitan reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica que alienten a los empresarios a invertir a largo plazo; modificar leyes y marcos regulatorios permanentemente solo genera desconfianza”, manifestó.

El entramado va más allá de la planta. La demanda regional de aceite tracciona alrededor de 400 extrusoras pymes distribuidas en el interior, que molturan el grano cerca del productor, y sostiene la producción de soja de las economías regionales. Cuando una planta de biodiésel cierra, no se apaga solo una fábrica: se corta un eslabón que arrastra empleo en el transporte, en los servicios locales y en toda la cadena de valor que se articula a su alrededor. Una planta que cierra en el interior, alerta CEPREB, no vuelve a reabrir.

Hay además una cuestión de seguridad jurídica que el sector remarca con insistencia. Estas empresas invirtieron a largo plazo confiando en la Ley 27.640, que el propio Estado sancionó en 2021 con vigencia hasta 2030. Sobre esas reglas contrataron personal, asumieron compromisos financieros y desarrollaron capacidad industrial. Alterar el marco seis años antes de lo previsto, dejando afuera a quienes invirtieron de buena fe, vulnera la previsibilidad indispensable para cualquier desarrollo productivo. "La geografía no se puede cambiar por ley", sintetiza el documento de la cámara: una planta del interior no puede mudarse al polo aceitero de Rosario para acceder a las mismas ventajas.

La funcionaria de Junín profundizó sobre las asimetrías del proyecto en el cierre de la entrevista:

“Se necesita una mirada federal respetando estructuras productivas, localizaciones y realidades económicas diferentes que permitan a las PYMES competir en igualdad de condiciones. Al modificar la Ley 27.640 se impulsa una 'falsa segmentación' entre empresas 'integradas' y 'no integradas' ignorando las verdaderas diferencias estructurales que determinan la capacidad de competir. Llama la atención el silencio de los Intendentes, siendo que, de aprobarse la Ley Bullrich, se concentraría el negocio, generaría el cierre de Pymes regionales y con ello mayor desocupación local”, finalizó Belén.

Frente al proyecto oficial, CEPREB no se planta solo en el rechazo: puso sobre la mesa una alternativa concreta. La propuesta que impulsa la cámara eleva el corte al 12,5% —punto medio entre el 10% del Ejecutivo y el 15% que reclaman los sectores productivos— y divide el mercado interno en tres segmentos con reglas propias: 5% para las pymes regionales (las plantas ubicadas a más de 80 kilómetros del Puerto General San Martín), 2,5% para las empresas no integradas del polo de Rosario y 5% de libre mercado, que absorberían las grandes integradas hoy ausentes del corte interno. En los tres segmentos rige la competencia por licitación: se terminan los cupos y precios fijados por el Estado, pero sin condenar a las pymes del interior.

La cámara sostiene que su esquema no busca conservar privilegios sino aplicar un criterio que el propio proyecto ya reconoce. La iniciativa oficialista segmenta el bioetanol entre caña de azúcar y maíz, con cupos diferenciados, porque admite que son realidades productivas distintas que no pueden competir en igualdad de condiciones. El sector pyme reclama exactamente lo mismo para el biodiésel: si el principio federal vale para proteger a los ingenios del norte, debe valer también para las plantas del interior pampeano y cuyano. "No pedimos una excepción: pedimos que el mismo principio se aplique de manera coherente", plantea el comunicado de la industria.

La discusión, entonces, no es entre desregular o no desregular, sino sobre cómo hacerlo sin destruir un entramado productivo federal. Mientras Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea e Indonesia protegen activamente su industria con aranceles, créditos fiscales, cupos regionales o subsidios, el proyecto argentino propone el camino inverso. Para Junín, el resultado de esa apuesta no es una abstracción de política energética: es la diferencia entre sostener una fuente de trabajo o verla apagarse. La pregunta que queda abierta es por qué el oficialismo insiste con un texto que amenaza a las pymes del interior, en lugar de dar tiempo a una salida que no deje a nadie afuera.