El escenario de dudas sobre las condiciones de detención de la exmandataria derivó en un inmediato requerimiento formal al Ministerio de Justicia. El juez Rodrigo Giménez Uriburu solicitó un informe técnico exhaustivo a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapve). El magistrado busca establecer con precisión matemática si el dispositivo actual cuenta con registros cronológicos capaces de detectar filtraciones entre las distintas unidades funcionales. La resolución judicial intenta determinar si el perímetro de exclusión configurado originalmente abarca la totalidad del inmueble de la calle San José o si se limita estrictamente a las paredes de la vivienda del segundo piso. 

La urgencia del Poder Judicial se activó tras conocerse una operación inmobiliaria que llamó la atención de los investigadores en los pasillos de Comodoro Py. La sindicalista de la UOM María Soledad Calle adquirió el piso inferior del mismo complejo donde la líder del peronismo cumple su condena domiciliaria desde el año pasado. La compra del inmueble generó sospechas inmediatas sobre la posible facilitación de reuniones políticas clandestinas destinadas a eludir el control de la comitiva oficial. Al no poder recibir grandes concentraciones de dirigentes en su propio living, el uso de un espacio alternativo dentro del mismo edificio anularía las prohibiciones impuestas. 

Los informes reservados elaborados por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (Dcaep) detallan que la rutina de la expresidenta transcurre con total tranquilidad. Cristina Kirchner realiza actividad física matutina y dedica gran parte de sus tardes a la lectura, series de televisión y reuniones con un selecto grupo de 30 personas autorizadas. Entre los concurrentes habituales registrados en el libro de actas del hall figuran su hijo Máximo Kirchner, abogados, médicos y legisladores nacionales. Sin embargo, el cruce de datos con las planillas de ingresos de la Policía Federal Argentina expone desfajes temporales que los especialistas no logran justificar. 

Más allá de los problemas de geolocalización interna, el historial del dispositivo electrónico ya registra antecedentes de fallas operativas menores en su traza. El sistema reportó una desconexión total de la tobillera el pasado 14 de enero por la tarde debido a la falta de mensajes de supervisión de la unidad base. El desperfecto técnico obligó a los equipos de asistencia a realizar un recambio de urgencia del aparato en menos de veinticuatro horas. Asimismo, los peritos de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica dejaron constancia de un llamado de atención menor tras detectarse banderas militantes colgadas directamente desde el balcón de la detenida. 

La controversia en torno a los límites de la prisión domiciliaria reavivó con fuerza las críticas de los sectores opositores al kirchnerismo. Las fuerzas políticas exigen una auditoría externa sobre el funcionamiento diario de la custodia y los prestadores de telefonía celular que emiten la señal de control. Aseguran que las facilidades otorgadas transforman el cumplimiento de la pena en un privilegio logístico que desafía los estándares generales del sistema penitenciario argentino. El devenir de las pericias sobre los puntos ciegos del edificio de San José determinará si la Justicia decide endurecer las pautas de control o mantiene el esquema tecnológico vigente.