La decisión llega tras reiterados reclamos de la fiscalía para ponerle fin a las dilaciones técnicas que mantenían paralizado el expediente. Mientras el arco político evalúa el impacto de la medida, las defensas ultiman sus estrategias de cara al inminente debate oral. El caso representa uno de los frentes judiciales más sensibles para el núcleo familiar de la exmandataria.

El Tribunal Oral Federal N° 5 fijó la convocatoria obligatoria de las partes para el próximo viernes 4 de septiembre a las 10 de la mañana en los tribunales de Retiro. El dictamen firmado por los magistrados tiene como propósito central ordenar el ofrecimiento de pruebas, la lista de testigos definitivos y el cronograma del debate. La decisión interrumpe un largo período de parálisis motivado por la realización de peritajes contables complejos sobre las firmas comerciales de los imputados. 

La hipótesis principal de los investigadores judiciales sostiene que las empresas hoteleras e inmobiliarias de los acusados funcionaron como pantallas de recaudación. De acuerdo con el requerimiento de elevación, las firmas habrían canalizado millones de pesos provenientes de retornos de la obra pública vial de Santa Cruz. El mecanismo bajo sospecha involucraba el alquiler simulado de habitaciones y complejos habitacionales a los empresarios contratistas Lázaro Báez y Cristóbal López. 

El avance de los casilleros procesales genera una fuerte expectativa en los pasillos de Comodoro Py, donde proyectan el inicio del juicio para antes del cierre del año. Fuentes del tribunal adelantaron que el esquema previsto contemplará un ritmo intenso de hasta tres audiencias presenciales por semana para agilizar los tiempos. Esta modalidad busca evitar que el debate se extienda indefinidamente y coincida con el próximo calendario electoral nacional. 

En el banquillo de los acusados también deberán sentarse exfuncionarios de primera línea, intermediarios comerciales y el histórico contador de la familia presidencial, Víctor Manzanares. A diferencia de etapas previas del expediente, Florencia Kirchner quedó definitivamente desvinculada de la acusación tras recibir un dictamen de sobreseimiento. Los fiscales concentraron la carga probatoria sobre el rol directivo que ejercieron la exvicepresidenta y el actual legislador bonaerense. 

La defensa legal de la familia Kirchner insistirá en denunciar la existencia de una persecución política instrumentada a través de terminales del Poder Judicial. Los abogados defensores argumentarán ante el tribunal que los contratos comerciales cuestionados se pactaron a valores de mercado reales y legítimos. No obstante, el rechazo de la Corte Suprema a los recursos de queja previos dejó firme la obligación de dirimir la inocencia en el juicio oral. 

Con la confirmación del nuevo cronograma preliminar, el escenario tribunalicio promete recuperar la centralidad política de los últimos años. El debate oral de Hotesur-Los Sauces se acoplará a otros frentes penales abiertos que acumula la conducción peronista en diferentes tribunales de la Capital Federal. El resultado del veredicto final será determinante para definir no solo el futuro personal de los implicados, sino también el liderazgo interno de la oposición.