Diversos sectores legislativos manifestaron su preocupación ante la pérdida de independencia de un organismo clave para el equilibrio de poderes del Estado. Desde la Casa Rosada justifican los procedimientos en la necesidad de ordenar administrativamente el funcionamiento general de las oficinas del Parlamento. En tanto, la conducción transitoria de la entidad ya fue formalizada mediante resoluciones internas mientras se define el futuro técnico de la misma.

La salida de Gabriel Esterelles de la dirección general de la Oficina de Presupuesto del Congreso encendió las alarmas en todo el arco político. El apartamiento del funcionario se concretó a escasos días de que el Poder Ejecutivo deba ingresar formalmente el proyecto de ley de gastos para el próximo ejercicio. La dimisión del economista expone el profundo desgaste generado por el proceso de fiscalización interna que venían llevando adelante las autoridades parlamentarias ligadas al partido gobernante.

El detonante directo del quiebre institucional estuvo marcado por el accionar de la Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria que encabeza el diputado oficialista Bertie Benegas Lynch. Dicho espacio legislativo promovió directivas estrictas que obligaban a someter a revisión previa cualquier informe elaborado por los equipos técnicos del organismo que no estuviera contemplado en el plan de trabajo anual. Esta mecánica fue catalogada de forma inmediata por las bancadas opositoras como un cepo informativo explícito.

La ofensiva administrativa sobre el ente autárquico fue coordinada por el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, siguiendo directivas emanadas desde el Poder Ejecutivo. Las auditorías de gestión se tradujeron en un freno absoluto a los reportes que medían el impacto fiscal de las iniciativas legislativas de la oposición. Al bloquearse estas herramientas de medición objetiva, el oficialismo desarticula la base técnica con la que los legisladores fundamentaban la viabilidad de sus proyectos de ley.

Ante la acefalía generada por el portazo del director saliente, las autoridades legislativas oficializaron de urgencia el esquema de reemplazo de autoridades. La Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria determinó el nombramiento interino de María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont al frente del organismo técnico de análisis presupuestario. Este interinato se mantendrá vigente hasta tanto el Congreso resuelva abrir un nuevo concurso público de oposición y antecedentes para cubrir la vacante legal por cinco años.

Desde los bloques parlamentarios de la oposición emitieron duros comunicados alertando sobre una preocupante tendencia de disciplinamiento hacia los entes estadísticos nacionales. Las críticas comparan lo sucedido en el Palacio Legislativo con otros recambios recientes sucedidos en agencias encargadas del manejo de datos económicos del país. Afirman que la intención de fondo del oficialismo es monopolizar el manejo y difusión de las variables fiscales a través de la Secretaría de Hacienda.

Por su parte, los operadores del bloque de La Libertad Avanza y sus aliados parlamentarios defendieron la legalidad de los cambios estructurales. Sostienen que las comisiones tienen la potestad regulatoria de revisar los presupuestos internos y los criterios metodológicos con los que se confeccionaban los dictámenes del Congreso. De cara a los próximos meses, el debate se centrará en evitar que la institución quede reducida a una escribanía del Ministerio de Economía.