A través de un oficio oficial, el magistrado exigió informes técnicos detallados para verificar si la detenida violó el perímetro de su arresto domiciliario. La investigación busca determinar si las alertas del sistema de monitoreo electrónico fueron vulneradas debido a la cercanía física entre ambos pisos. El tribunal intenta dilucidar si el nuevo espacio funciona como un búnker operativo ajeno a los controles de la tobillera. 

El control sobre el cumplimiento de la pena perpetrada en el marco de la causa Vialidad sumó una sorpresiva complicación tecnológica y logística. El Tribunal Oral Federal 2 ordenó revisar cada salida de la exmandataria de su unidad habitual, focalizando el rastreo en los registros guardados durante los últimos meses. El detonante directo del requerimiento fue la reciente transacción inmobiliaria que transformó el organigrama vecinal de la estructura de Constitución. 

La requisitoria judicial fue enviada de manera directa a las autoridades de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE). El juez Giménez Uriburu exigió conocer con precisión quirúrgica las fechas y los horarios exactos de los egresos hacia la terraza. Ese sector común del edificio es el único espacio fuera del departamento que la condenada tiene expresamente autorizado a visitar por razones de salud. 

La sospecha de los investigadores radica en las limitaciones físicas que presentan las tecnologías de posicionamiento de radiofrecuencia. El tribunal busca establecer de forma certera si el dispositivo electrónico puede distinguir si la detenida baja de piso o si se encuentra en otra ala del edificio. El temor técnico es que la tobillera registre como "zona domiciliaria permitida" un perímetro vertical que abarque la flamante propiedad inferior. 

En paralelo al peritaje electrónico, el magistrado cruzó requerimientos formales con los despachos del juez de instrucción Julián Ercolini. El TOF 2 solicitó copias completas de la causa penal que investiga por presunta administración fraudulenta a la compradora María Soledad Calle. La Justicia sospecha que la dirigente gremial de la UOM adquirió el inmueble utilizando desvíos millonarios de los aportes sindicales. 

Mientras la burocracia judicial avanza, los abogados opositores que actúan como querellantes en el expediente del sindicato redoblaron la presión pública. Las defensas presentaron escritos formales solicitando el allanamiento inmediato del departamento del primer piso. El objetivo de la medida de fuerza es incautar documentación contable y determinar si existieron reformas estructurales internas para conectar ambas viviendas de modo secreto. 

La reacción del entorno de la exjefa de Estado frente a la andanada de medidas de control fue una demostración de resistencia militante. Horas después de emitido el oficio del tribunal, Cristina Kirchner se mostró públicamente en el balcón del edificio para saludar a un grupo de seguidores. Sus colaboradores directos insistieron en que el procedimiento judicial configura un hostigamiento infundado y negaron cualquier vínculo comercial con la propiedad de la planta baja.