Según advierten los técnicos legislativos, la normativa fue redactada de forma estratégica para convalidar de manera retroactiva las operaciones financieras realizadas con las reservas de oro de la autoridad monetaria. El conflicto promete trabar el avance de la ley en el Senado, donde los bloques provinciales exigen explicaciones formales sobre el destino de los lingotes girados al exterior.

El clima de euforia del oficialismo tras lograr la aprobación general de la ley en la Cámara Baja duró muy pocas horas. A medida que los asesores de las diferentes bancadas desglosaron la letra chica del texto aprobado, estalló una fuerte denuncia contra el ministro Luis Caputo. Los cuestionamientos se centran en maniobras de ocultamiento de facultades extraordinarias dentro de un paquete de leyes de perfil netamente técnico.

La controversia principal hace foco en el texto definitivo del artículo 13 del proyecto de reforma del Banco Central. De acuerdo con la presentación de los bloques opositores, este apartado otorga la facultad de utilizar activos de la entidad para garantizar operaciones de crédito de forma directa. De este modo, el Ministerio de Economía quedaría habilitado para tomar deuda sin pasar por el Congreso, vulnerando los mandatos constitucionales vigentes sobre el control legislativo.

Más allá del debate sobre el equilibrio de poderes, el artículo guarda una relación directa con una de las medidas más herméticas de la gestión actual. Los legisladores afirman que la redacción elegida por el oficialismo busca blanquear de forma retroactiva el envío de lingotes de oro al exterior. Esta maniobra, que no había sido informada en los balances oficiales de la institución, quedaría finalmente legalizada bajo el nuevo marco de atribuciones operativas.

Los fundamentos de la denuncia sostienen que el metal precioso depositado en cuentas internacionales ya se habría utilizado como colateral para líneas de financiamiento de corto plazo. Al consagrar este artículo en la ley, el equipo económico consigue el blindaje judicial necesario ante futuras demandas por malversación de activos públicos. La falta de transparencia en los detalles de estos contratos alimentó las sospechas de las bancadas de la izquierda y del peronismo.

Desde los despachos del Palacio de Hacienda salieron a cruzar con dureza los cuestionamientos y negaron cualquier tipo de intencionalidad oculta. Los funcionarios del área de finanzas argumentaron que la modificación busca dotar al Banco Central de herramientas modernas de liquidez similares a las que utilizan el resto de las bancadas mundiales. Según la postura oficial, el uso de las reservas como garantía es una práctica habitual que no constituye endeudamiento soberano tradicional.

La discusión técnica y política ahora se traslada al Senado, donde el oficialismo no cuenta con los mismos márgenes de votación que en Diputados. Varios senadores que representan a provincias productoras ya adelantaron que exigirán la eliminación completa del polémico artículo 13 para dar su acompañamiento al resto de la reforma estructural. La pulseada por el control de las llaves del financiamiento del Estado ingresa en una etapa de definición absoluta.