BIOCOMBUSTIBLES
El oficialismo vuelve a la carga. El Proyecto S-809/26, que reforma el régimen de biocombustibles y lleva la firma de la senadora Patricia Bullrich, será tratado otra vez en el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde el oficialismo busca avanzar hacia un dictamen. La insistencia llega pese a que el capítulo de biodiésel sigue sin consenso, justamente por el impacto que la reforma tendría sobre las pymes del interior.
La resistencia es tan fuerte que empezó a fracturar el propio tratamiento de la ley. Los productores de bioetanol, que comparten el expediente con los del biodiésel, pidieron directamente desacoplar los dos capítulos para no quedar frenados por una discusión que no es la suya. "Es necesario desacoplar", planteó Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, que advirtió que, de no haber acuerdo en biodiésel, impulsarán exclusivamente su parte. El planteo ganó fuerza en la II Cumbre de Bioetanol realizada en Tucumán, donde el sector sucroalcoholero y maicero reforzó ese "plan B". "Todo indica que el bioetanol tiene apoyo amplio; lamentablemente subsisten diferencias en torno a la regulación del biodiésel que lo obstaculizan, no queremos nuevas postergaciones, por eso sería aconsejable desdoblar el proyecto de ley, de modo que avance el bioetanol, y que el biodiésel lo haga cuando los acuerdos lo permitan", sostuvo Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino. En la misma línea, el diputado Andrés Leone afirmó que "no puede un biocombustible frenar el desarrollo" de otro. La senadora Flavia Royón, en cambio, se opone a partir la ley y exige discutirla de forma integral.
El nudo del conflicto está en el diseño del capítulo de biodiésel. El proyecto redactado por el Ejecutivo se presenta como una apertura "desregulada y libre" del mercado, pero para las pymes es una condena a plazo fijo. El texto anuncia un corte del 10%, aunque habilita el co-procesamiento —que las petroleras fabriquen el combustible dentro de sus propias refinerías— hasta un tope de 3 puntos. En los hechos, el mercado real para las elaboradoras independientes se reduce a cerca del 7%.
A eso se suma el artículo 38, que fija un supuesto "período de transición" para las empresas no integradas. Leído en detalle, es un cronograma de extinción: la cuota asegurada a las pymes cae año a año hasta desaparecer por completo, y a partir del 1° de enero de 2031 todo el mercado queda sujeto a competencia abierta. Con 4 millones de toneladas de capacidad instalada para un mercado interno de apenas 1 millón, esa liberalización sin reglas no produce competencia sino concentración: la producción quedaría en manos de cinco o seis grandes aceiteras integradas del complejo agroexportador.
No se trata de competencia real. La materia prima —el aceite de soja— representa el 80% del costo del biodiésel, y las grandes integradas son al mismo tiempo proveedoras y competidoras de las pymes. Un diferencial de apenas 10% en los costos alcanza para desplazar a la planta regional. "La propuesta de ley de Patricia Bullrich está hecha a medida de las aceiteras y contra las pymes, y afecta a toda la cadena de valor de la soja. Así como está no puede ser votada; hay que hacer una ley equilibrada en la que el corte crezca en serio y las pymes sigan produciendo", resumió Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).
Lo que está en juego no es abstracto. Son 25 plantas pyme distribuidas en cinco provincias —Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis—, que producen cerca del 65% del biodiésel para la mezcla obligatoria, facturan alrededor de 1.000 millones de dólares al año y sostienen unos 9.500 empleos, en su mayoría calificados y radicados en pueblos del interior donde una sola planta puede ser el principal empleador formal. Su cupo anualizado conjunto asciende a 873.588 toneladas. Detrás, una cadena que tracciona alrededor de 400 extrusoras pyme y la producción de soja de las economías regionales.
Estas empresas invirtieron a largo plazo confiando en la Ley 27.640, que el propio Estado sancionó en 2021 con vigencia hasta 2030. Alterar esas reglas seis años antes, dejando afuera a quienes invirtieron de buena fe, vulnera —advierte el sector— la seguridad jurídica indispensable para cualquier desarrollo productivo.
Frente al proyecto oficial, CEPREB no se planta solo en el rechazo: puso sobre la mesa una alternativa concreta. La propuesta que impulsa la cámara eleva el corte al 12,5% —punto medio entre el 10% del Ejecutivo y el 15% que reclaman los sectores productivos— y divide el mercado interno en tres segmentos con reglas propias: 5% para las pymes regionales, 2,5% para las empresas no integradas del polo de Rosario y 5% de libre mercado, que absorberían las grandes integradas hoy ausentes del corte interno. En los tres segmentos rige la competencia por licitación, con precios referenciales: se terminan los cupos y precios fijados por el Estado, pero sin condenar a las pymes.
CEPREB impulsa esta propuesta y trabaja para construir consenso en torno a ese esquema con el resto de las cámaras del sector —CASFER (no integradas) y CARBIO (grandes integradas)—, de modo que la reforma pueda aprobarse con el respaldo de toda la industria. Ese acuerdo todavía está en construcción, pero la existencia de una alternativa equilibrada deja abierta la pregunta de fondo: por qué el oficialismo insiste con un texto que fractura el debate, enfrenta a los propios biocombustibles entre sí y amenaza con fundir a las pymes del interior, en lugar de dar tiempo a una salida que no deje a nadie afuera.
