Furiosa por el aislamiento interno y la falta de respaldo de la mesa chica de su partido, la abogada inició una agresiva ofensiva en las comisiones técnicas con el único objetivo de boicotear las partidas presupuestarias del Poder Judicial para el próximo ejercicio. La maniobra expone la pérdida de centralidad del espacio amarillo en los pasillos de Tribunales, donde el oficialismo y el peronismo ya negocian el reparto de los casilleros que quedarán vacíos a fin de año.
La decisión de declinar las postulaciones cayó como un balde de agua fría en las oficinas de Vicente López. Con este paso al costado, Mauricio Macri pierde una estructura clave de poder que le permitía incidir directamente en la designación y sanción de los magistrados federales de todo el país. La retirada no responde a una estrategia planificada sino al reconocimiento explícito de que ya no contaban con los consensos necesarios para retener el control de esos despachos tan codiciados.
Los armadores judiciales del macrismo intentaron hasta último momento sostener la alianza con el sector de Barroetaveña, pero la falta de caja política erosionó los acuerdos preexistentes entre los distintos estamentos del derecho. Ante la inminencia de una derrota electoral en los colegios de abogados y magistrados, la orden fue levantar las candidaturas para evitar un traspié mayor que debilitara aún más la desgastada conducción nacional del partido.
Lejos de llamarse al silencio, de la Torre mudó su búnker de campaña a la comisión de administración del organismo. Desde allí, la consejera saliente activó una serie de bloqueos técnicos dirigidos a empantanar la aprobación de las partidas de infraestructura y las recomposiciones salariales de los empleados judiciales. Sus propios colegas de bloque miran con desconcierto esta furia legislativa, que amenaza con paralizar el funcionamiento operativo de los juzgados federales en los próximos meses.
En el entorno de la abogada argumentan que el recorte propuesto busca auditar los gastos discrecionales, pero en Comodoro Py leen la jugada como una burda venganza por el abandono político que sufrió su sector. Esta intransigencia presupuestaria generó fuertes cruces con los representantes de la Corte Suprema, quienes no están dispuestos a permitir que las internas partidarias terminen afectando la autarquía financiera de todo el sistema judicial.
Mientras el PRO se desangra en recriminaciones cruzadas, las demás fuerzas apuran los llamados para avanzar en un nuevo reparto de poder. La Libertad Avanza y el kirchnerismo huelen la debilidad del espacio amarillo y ya diseñan una estrategia conjunta para quedarse con las vacantes operativas que dejará la salida de los alfiles macristas. El pragmatismo manda en el Palacio de Tribunales y nadie está dispuesto a dejar pasar la oportunidad histórica de colonizar un territorio clave.
El desenlace de esta batalla determinará el margen de maniobra que le quedará al expresidente para blindar sus causas en Comodoro Py. Sin delegados propios en el Consejo, el margen de negociación del PRO pasará a depender exclusivamente de favores de terceros y acuerdos transitorios de bajísima fidelidad. El repliegue judicial macrista marca el fin de una época y deja al descubierto las severas dificultades del espacio para sostener sus viejos resortes de influencia.