La resignación legislativa obligó a los mandatarios a cambiar de estrategia para evitar un impacto directo sobre los hogares. Ante la falta de votos para sostener los subsidios al gas tras los acuerdos tejidos entre la Casa Rosada y las provincias norteñas —donde se consensuó habilitar compensaciones por "zonas cálidas" a cambio del recorte en el centro del país—, el bloque regional buscará que el Poder Ejecutivo nacional conceda algún beneficio alternativo o un régimen de transición atenuado para que las boletas residenciales no sufran incrementos que van del 40% al 100%.

En paralelo, el foco de la preocupación de la Región Centro se trasladó de forma dramática hacia el sector manufacturero. El desmedido encarecimiento del costo mayorista de la energía dispuesto por Cammesa generó subas de hasta un 500% en los cargos regulados, a lo que se sumó un costoso extra derivado de la generación con Gas Natural Licuado (GNL). Las industrias comenzaron a recibir facturas complementarias con saldos retroactivos equivalentes a miles de pesos adicionales por megavatio, arrastrando a las pequeñas y medianas empresas a un escenario límite de asfixia financiera.

Frente a este panorama, la propuesta concreta que los ministros de la región llevarán al despacho de Santilli apunta a la financiación. La estrategia unificada de los gobernadores pretende que la Secretaría de Energía de la Nación y el ministro Luis Caputo autoricen a las prestatarias locales a cobrar esos saldos remanentes en un esquema de hasta seis cuotas sin interés. Las empresas eléctricas provinciales, como la cordobesa EPEC, ya advirtieron que les resulta técnicamente imposible asumir el costo financiero de absorber esa tasa de interés sin auxilio de las arcas federales.

La cohesión mostrada por el bloque del centro productivo representa un fuerte llamado de atención político para el oficialismo. Aunque mantienen canales de diálogo abiertos con Balcarce 50, tanto Llaryora como Pullaro manifestaron un rotundo malestar por lo que consideran una distribución asimétrica de los recursos públicos que vuelve a beneficiar la estructura de costos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los gobernadores insisten en que profundizar el torniquete fiscal sobre las fábricas del interior atenta directamente contra el proceso de reactivación económica que pregona el propio Presidente.

El avance de los contactos bilaterales en las próximas horas definirá si el Ejecutivo nacional concede una tregua o ratifica la intransigencia distributiva. Mientras la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y sus pares regionales presionan para obtener respuestas en el corto plazo, los equipos técnicos provinciales ultiman los detalles del informe que exhibirán ante la Jefatura de Gabinete. El desenlace de esta pulseada tarifaria marcará el termómetro de la relación política de cara al inicio del debate parlamentario por el presupuesto del año entrante.