Las medidas regulatorias modificaron drásticamente el acceso a los servicios esenciales de salud y modificaron las pautas mínimas de seguridad en el transporte nacional. Este vertiginoso desarme de las estructuras de control genera intensos debates en el Congreso de la Nación por las consecuencias cotidianas. El éxito o fracaso de este esquema ortodoxo divide las opiniones de los especialistas respecto a la sostenibilidad social de las reformas económicas actuales.

El primer gran impacto de la flexibilización normativa se corporizó en el mercado habitacional de los principales centros urbanos tras la derogación total de la legislación anterior. Las nuevas pautas contractuales impuestas por el Ministerio de Desregulación provocaron que los alquileres familiares se pacten sin plazos mínimos legales y bajo índices de actualización trimestrales, obligando a los inquilinos a destinar más de la mitad de sus ingresos mensuales para sostener la vivienda.

En simultáneo, la liberación de los aranceles en el sistema de medicina privada desató un severo cuello de botella para la clase media y los adultos mayores del país. La quita de topes obligatorios permitió que las cuotas de las prepagas escalen de forma desmedida, forzando la baja masiva de miles de afiliados que ya no pueden afrontar los costos y tensionando de manera extrema la demanda en las guardias de los hospitales públicos bonaerenses.

A la par de estas medidas, la eliminación de los controles aduaneros y aduaneras tradicionales modificó las condiciones de competencia en el entramado industrial local. El desarme de los reglamentos técnicos para la importación textil y de calzado afectó gravemente la producción de las pymes locales, las cuales advierten que la llegada masiva de productos terminados del exterior destruye el empleo calificado en las diferentes provincias argentinas.

Por otra parte, la desregulación de las tarifas del transporte terrestre de larga distancia encendió las luces de alerta en materia de seguridad vial y conectividad territorial. Las empresas obtuvieron el aval oficial para eliminar frecuencias hacia los pueblos del interior profundo que no resulten rentables comercialmente, reduciendo además las exigencias de descanso obligatorio para los choferes y flexibilizando las inspecciones técnicas de las unidades operativas.

Asimismo, el sector de comercialización de medicamentos sufrió una transformación radical que impacta de manera directa en la salud de los sectores más vulnerables de la sociedad. La normativa que autoriza la venta de fármacos fuera de las farmacias tradicionales rompió los esquemas de fiscalización profesional, abriendo un complejo interrogante sobre la proliferación de laboratorios clandestinos y la adulteración de cadenas de frío esenciales.

Para concluir, el balance del programa desregulador diseñado por Federico Sturzenegger expone una alarmante transferencia de costos hacia el eslabón de los consumidores asalariados. Mientras los funcionarios defienden el manual de libre mercado y aseguran que la competencia bajará los precios a mediano plazo, el aplastamiento de los ingresos reales demuestra que las desregulaciones perforaron el bolsillo de la población antes de mostrar los beneficios prometidos.