Una nueva y fuerte controversia salpica de manera directa al entorno familiar de los funcionarios más encumbrados de la Casa Rosada. El hermano del actual vocero presidencial, quien se desempeña como asesor especial dentro de la estructura de la cartera conducida por Luis Petri, quedó en el centro de las miradas tras la difusión de los datos de su evolución patrimonial correspondientes al último período fiscal. La revelación de inconsistencias numéricas graves forzó al funcionario a emitir una aclaración pública de carácter urgente para intentar contener el impacto político de una denuncia que ya empezaba a ganar terreno en los despachos opositores.

El foco de la discusión administrativa se centra en la tasación y el valor asignado a una de sus propiedades declaradas en el formulario oficial. La auditoría interna detectó que el monto total de los activos informados no guardaba correlación lógica con los ingresos percibidos por el agente estatal en concepto de haberes públicos durante los últimos meses de gestión. La justificación del funcionario fue contundente al argumentar de manera informal que "se olvidó un cero" al momento de digitar las cifras en la plataforma digital de la Oficina Anticorrupción, lo que multiplicó de forma ficticia el valor real de sus pertenencias.

La presentación original del asesor ministerial consignaba un crecimiento patrimonial que encendió las alertas de los organismos encargados de velar por la transparencia en la función pública. Tras la devaluación y los cambios macroeconómicos de la actual administración, las declaraciones juradas de los integrantes del gabinete pasaron a ser minuciosamente escrutadas por analistas y periodistas del ámbito político. El error informático admitido formalmente por el entorno del vocero presidencial elevaba el patrimonio neto del investigado a niveles que resultaban imposibles de financiar con su escala salarial vigente dentro del organigrama de Defensa.

Desde los sectores de la oposición legislativa salieron de inmediato a cruzar la explicación oficial y exigieron auditorías integrales sobre todos los nombramientos de la estructura familiar libertaria. Distintos diputados de bloques opositores recordaron que el ingreso del hermano del vocero al Estado estuvo rodeado de fuertes cuestionamientos éticos debido a su elevado sueldo mensual en medio de un contexto de fuerte ajuste fiscal y despidos en la administración pública. Las sospechas de enriquecimiento ilícito motorizaron pedidos de informes parlamentarios que buscan obligar al implicado a presentar los extractos bancarios originales que respalden la rectificación presentada.

La postura del Palacio de Hacienda y de la Jefatura de Gabinete se mantuvo alineada con el hermetismo absoluto frente a las consultas de la prensa acreditada en la Casa de Gobierno. Fuentes de Balcarce 50 deslizaron que se trata de una cuestión estrictamente técnica de carga de datos que ya fue subsanada mediante el trámite de enmienda que prevé la propia normativa de la Oficina Anticorrupción. Defender la honestidad del círculo íntimo presidencial se transformó en una prioridad discursiva para un espacio político que cimentó su llegada al poder bajo la promesa de erradicar los privilegios y las irregularidades de la denominada casta política.

El desenlace de este expediente administrativo quedará supeditado a la validación final que realicen los inspectores del organismo de control sobre la nueva declaración jurada rectificativa. Si se comprueba que los valores corregidos coinciden con las escrituras y las cuentas del mercado financiero, la causa quedará archivada como un mero incidente de burocracia digital. Sin embargo, el costo político del descuido numérico promete seguir alimentando el debate sobre los criterios de idoneidad y control que aplica la administración de Javier Milei para el personal jerárquico que maneja las dependencias más sensibles del Estado nacional.