LEGISLATURA BONAERENSE
La Provincia de Buenos Aires dejó de mirar desde afuera. Mientras en el Senado de la Nación avanza el proyecto que impulsa la senadora Patricia Bullrich para reformar el régimen de biocombustibles, la Legislatura bonaerense abrió su propio frente: legisladores de distintos bloques, el Ministerio de Desarrollo Agrario y las cámaras de pequeños productores coincidieron en una misma advertencia. La iniciativa nacional, tal como está redactada, amenaza con dejar sin producción de biodiésel a la provincia y con fundir al entramado pyme del interior.
El proyecto en discusión propone derogar la Ley 27.640 —vigente hasta 2030— y reemplazarla por un nuevo marco que libera el mercado, eleva el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y elimina los precios que hoy fija la Secretaría de Energía. Para las pymes del sector, esa desregulación no es una oportunidad sino una sentencia: quedarían obligadas a competir de igual a igual con las grandes aceiteras multinacionales.
El diputado bonaerense de Fuerza Patria Alejandro Acerbo, exintendente de Daireaux y representante de la Sexta sección electoral, presentó un proyecto para expresar la preocupación de la Legislatura por el tratamiento de la reforma en el Senado nacional. El texto alerta sobre los efectos negativos que la desregulación tendría sobre las pequeñas y medianas empresas radicadas en territorio bonaerense.
Acerbo reclama que cualquier actualización del régimen incorpore protecciones frente a la "competencia desigual" entre las pymes regionales y los grandes grupos económicos integrados; que se garantice la seguridad jurídica de las inversiones realizadas bajo la Ley 27.640; que se establezcan límites de participación por empresa y por grupo económico; que se creen sistemas transparentes de asignación comercial; que se reserven porcentajes mínimos de abastecimiento para las empresas no integradas; y que se contemple un período de transición que preserve el empleo y las inversiones existentes.
"La actualización del marco regulatorio constituye un objetivo que puede contribuir a diversificar la matriz energética", señaló el legislador, aunque advirtió que debe hacerse "sin sacrificar el entramado pyme construido durante años ni perjudicar a las comunidades del interior".
Los números explican la preocupación. En la provincia operan 10 de las 25 plantas pyme de biodiésel del país, que generan alrededor de 1.500 empleos directos y otros 8.000 indirectos, y aportan cerca del 35% del biodiésel destinado al abastecimiento interno.
El debate también se metió en las comisiones. La de Industria y Minería de la Cámara de Diputados bonaerense, que preside Andrés De Leo (Coalición Cívica), recibió a los representantes de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que expusieron el impacto que la reforma tendría sobre el sector.
"Nos manifestaron el impacto que el proyecto nacional tendría en el interior", resumió De Leo, y remarcó que "la provincia de Buenos Aires necesita tener más empatía con este sector". El titular de la comisión reconoció, además, que dentro del cuerpo conviven posiciones enfrentadas: "Hay algunos legisladores que están consustanciados con la posición de las empresas", admitió, en referencia a quienes respaldan la mirada de las grandes aceiteras.
La voz del sector la puso Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB, que viene cuestionando el proyecto en cada instancia parlamentaria. Ante los diputados bonaerenses fue categórico: obligar a las pymes a "competir libremente contra las grandes aceiteras multinacionales" es, sostuvo, "imposible".
Martelli ya había advertido que "no se puede hacer enfrentar en el mercado a las pymes con las grandes compañías aceiteras porque quedarían condenadas a la quiebra". La cámara no rechaza el aumento del corte —al contrario, lo comparte— pero propone un esquema de dos segmentos diferenciados: un porcentaje del corte obligatorio abastecido por las pymes y otro por las integradas-aceiteras. "Estamos trabajando en una ley que tenga dos segmentos bien diferenciados", explicó, y pidió que el ingreso de las grandes empresas se dé "sobre el aumento del corte" y no a costa de desplazar a las más chicas.
Desde el Ejecutivo provincial, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, salió abiertamente al cruce del proyecto de Bullrich. "El proyecto de Bullrich es un proyecto de promoción de los biocombustibles, estableciendo nuevos cortes. Es decir, que ya hay una acción muy importante del Estado estableciendo un régimen de promoción. Lo que decimos es que ese régimen de promoción no debe beneficiar solo a las grandes empresas y obligar a cerrar a las chicas", planteó.
El ministro fue enfático en que la protección del sector no admite matices: "La continuidad de las empresas existentes y su impacto positivo en las comunidades donde están radicadas no es negociable para la visión de desarrollo que tiene la Provincia". Y reclamó equilibrio federal: "Si es promover un sector, que sea con las empresas grandes, con las medianas y con las chicas. Y eso tiene que quedar plasmado en la ley".
Rodríguez advirtió también sobre el sesgo territorial de la reforma. "Si no se consideran estas variables estaríamos hablando de un régimen que otorga mejores condiciones a determinadas regiones, en perjuicio de otros territorios que también son de nuestro interés fortalecer", señaló, y cerró con una definición de fondo: "La Argentina tiene el potencial para tener más biocombustibles, más agregado de valor en origen y más desarrollo regional. Cualquier cambio regulatorio debe apuntar en esa dirección y no consolidar posiciones dominantes que afecten el empleo y la producción".
Entre el proyecto de Acerbo, las audiencias en la Comisión de Industria y el posicionamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario, la Provincia de Buenos Aires terminó de configurar un frente común contra la reforma tal como se discute en la Nación. El planteo es transversal: no se opone al desarrollo del sector ni al aumento del corte, pero exige que la nueva ley no se escriba a la medida de un puñado de grandes aceiteras santafesinas y a costa de las plantas pyme y los miles de empleos que sostienen a las comunidades del interior bonaerense.
