El núcleo del escrito describe la existencia de un supuesto "tarifario" de manos levantadas financiado de manera irregular. Según el procesamiento de datos, el Ministerio de Economía liberaba pagos del Sistema Vial Integrado (SisVial) con una sospechosa sincronización temporal alrededor de los debates legislativos. Las ventanas analizadas por la Justicia demuestran que las transferencias hacia distritos específicos se multiplicaban de forma exponencial hasta tres días antes y después de cada votación crucial.

La sospecha de esta metodología libertaria cobró fuerza al analizar el destino específico de los recursos destinados por ley a la reparación de rutas. La denuncia señala que mientras la red vial nacional sufre un congelamiento de obras sin precedentes, el impuesto a los combustibles funcionó como caja de negociación política. De este modo, provincias gobernadas por mandatarios considerados aliados pasaron de recibir fondos mínimos a percibir inyecciones millonarias de forma repentina. 

El detalle minorista de la acusación le pone números exactos al costo de los proyectos clave del oficialismo en las cámaras. En el listado se detalla que el debate de la reforma laboral coincidió con el reparto de 17.139 millones de pesos, mientras que el tratamiento de la Ley de Glaciares activó giros por otros 12.551 millones. Los desembolsos alcanzaron picos de concentración de fondos durante las jornadas legislativas destinadas a blindar los vetos presidenciales en materia de jubilaciones y discapacidad. 

La geografía del beneficio selectivo ubicó a cinco provincias bajo la lupa directa de los peritos contables de Comodoro Py. Distritos como Misiones y Jujuy encabezan los giros sospechosos vinculados a obras de las rutas 105 y 34 respectivamente, seguidos en el ranking por Tucumán, Santa Cruz y Salta. Las planillas demuestran que en varios casos, más del 90 por ciento de los recursos viales anuales asignados a esas provincias llegaron exclusivamente durante las jornadas de votación. 

Finalmente, la estrategia defensiva de la Casa Rosada buscó restarle validez legal a los elementos de prueba aportados por la legisladora de Coherencia. Desde el Palacio de Hacienda argumentaron que los recursos públicos son de carácter fungible, justificando el manejo discrecional de las partidas. Sin embargo, la causa penal que se tramita por los delitos de administración fraudulenta, cohecho y malversación quedó radicada ante el juez Julián Ercolini, abriendo un escenario de extrema parálisis institucional.