Los directivos de la central fabril nacional, liderados operativamente por Daniel Funes de Rioja, coincidieron en la urgencia de coordinar un programa de infraestructura logística. En las oficinas de la entidad empresaria se analizaron con preocupación los altos costos de los fletes terrestres y las demoras en las obras viales críticas del cordón agroindustrial santafesino. Los equipos técnicos industriales ponderaron las líneas de crédito subsidiadas que la banca pública de Santa Fe mantiene activas para el recambio de maquinaria industrial pesada. Pullaro planteó un plan de obras estratégicas para mejorar la conectividad de los puertos cerealeros del Gran Rosario.

El segundo eje de la ofensiva del gobernador litoraleño apuntó directamente a reactivar el reclamo colectivo de la Región Centro contra los derechos de exportación del agro. Ante el círculo rojo corporativo, el mandatario provincial reiteró que las retenciones actúan como un castigo impositivo que frena de forma artificial la innovación tecnológica. Propuso que las provincias generadoras de la riqueza nacional unifiquen sus bloques parlamentarios en el Congreso para forzar un cronograma explícito de rebajas de alícuotas. “Hay que sacarle el pie de encima a la producción”, sentenció Pullaro frente a los empresarios industriales.

La postura del santafesino se produce en sintonía con las recientes demandas de control que la liga de gobernadores pampeanos trasladó a la Secretaría de Transporte por la Hidrovía. El mandatario santafesino insistió en que las provincias litoraleñas deben tener voz, voto y capacidad de auditoría en los pliegos de la futura licitación internacional del dragado fluvial. Advirtió que la pérdida de calado en los canales del río Paraná encarece de forma dramática la salida de las manufacturas de origen industrial hacia el exterior. El control federal de la vía navegable troncal es innegociable para la competitividad del sector privado regional.

Por el lado del oficialismo nacional, observan con cautela los movimientos autónomos del mandatario de Santa Fe y defienden la rigidez de su programa de emisión cero. Los funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación sostienen que el equilibrio fiscal interanual es la única garantía real para exterminar el flagelo inflacionario de fondo. Desde Balcarce 50 argumentan que las exenciones arancelarias contempladas en el RIGI dinamizarán de forma natural los proyectos de inversión sin necesidad de subsidios estatales. El Gobierno nacional justifica la quita de transferencias discrecionales como parte del plan de ordenamiento macroeconómico general.

La realidad que se respira en las uniones industriales del interior santafesino muestra un panorama complejo por el persistente enfriamiento de las ventas en el mercado interno. Las pymes metalúrgicas y de maquinaria agrícola alertan que la concentración del crédito bancario en los títulos de deuda del Estado encarece el financiamiento productivo ordinario. A pesar de este contexto adverso, las firmas de la cuenca láctea y frigorífica celebraron el compromiso de la gobernación de mantener congelado el impuesto a los ingresos brutos. La estabilidad fiscal que garantiza la provincia actúa como un amortiguador indispensable ante la recesión.

El desenlace de este juego de presiones cruzadas marcará el pulso de las negociaciones parlamentarias para la futura ley del Presupuesto Nacional en las comisiones de Diputados. Con un bloque de legisladores santafesinos que responde de manera directa a la agenda de la gobernación, el oficialismo nacional deberá ceder posiciones si pretende asegurar gobernabilidad. Pullaro busca consolidar un polo de desarrollo técnico que demuestre que el orden contable de la Casa Rosada no puede sostenerse destruyendo el entramado fabril. La propuesta productivista de Santa Fe pone bajo revisión los límites del plan de ajuste fiscal del Gobierno.