La reforma de la ley de biocombustibles se transformó en uno de los debates más ásperos que atraviesa el Senado, y esta semana sumó un protagonista de peso: Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, salió a jugar públicamente para que las petroleras puedan entrar al negocio. El empresario, que no suele conceder entrevistas, rompió su habitual silencio en un momento en que el proyecto oficialista se encuentra empantanado en la Cámara alta y enfrenta la resistencia de un amplio arco de senadores. Su irrupción confirma que la iniciativa está lejos de tener los votos asegurados.

Bulgheroni planteó que Pan American Energy está dispuesta a invertir en biocombustibles para exportar, pero condicionó esa decisión a la aprobación de la nueva ley que se discute en el Senado. Según su exposición, la apuesta de la compañía apunta a alianzas estratégicas con actores del sector para recuperar mercados externos, y aclaró que no busca competir por el negocio interno reservado a las pequeñas y medianas empresas. La aclaración, sin embargo, no alcanzó para desactivar las alarmas entre los productores regionales.

Del otro lado del mostrador se plantó Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB). Martelli cuestionó de lleno el proyecto y advirtió que su aprobación condenaría a la quiebra a las pymes del sector. Desde CEPREB señalan que las pequeñas y medianas empresas elaboran el 65% del biodiésel destinado al mercado interno, y que la reforma concentraría esa producción en apenas seis o siete petroleras ubicadas en torno al Puerto de Rosario. El planteo pone en el centro la pelea entre el modelo pyme federal y la concentración exportadora.

El cruce se trasladó a las redes. Después de que Bulgheroni pidiera "agrandar la torta" del negocio, Martelli le respondió en su cuenta de X con un hilo que desarmó el argumento punto por punto. "Marcos Bulgheroni dice que no hay 'distintos proyectos' y que hay que 'agrandar la torta'. Suena lindo. Pero traduzcamos: el proyecto que impulsa el Gobierno condena a la quiebra a las pymes regionales del biodiésel, pone en riesgo unos 10.000 empleos entre directos e indirectos y concentra el negocio en apenas 6 aceiteras", escribió el titular de CEPREB. Y remató con una imagen que sintetizó la posición del sector: "A eso, con todo respeto, no lo llamamos agrandar la torta. Lo llamamos repartirla entre pocos."

En el mismo hilo, Martelli apuntó contra lo que definió como "una trampa en el relato": la idea de presentar a las petroleras como víctimas de una ley que "les prohíbe invertir". "Falso: nadie prohíbe invertir. Lo que se discute es si el jugador más grande puede entrar a quedarse con la cuota que hoy sostiene a las pymes del interior", planteó, antes de ilustrar la asimetría con una metáfora futbolera: "Cuando el más poderoso pide 'libertad para competir' con el más chico, la cancha no queda pareja: queda inclinada." El dirigente aclaró que no se opone a exportar —"si de verdad el objetivo es exportar, perfecto: hagámoslo"— pero reclamó que el coprocesamiento "sea voluntario y por encima del corte. Que sume, no que reste". Y cerró tomándole la palabra al empresario: si Bulgheroni dice querer ampliar el mercado y no desplazar a las pymes, "que se traduzca en la ley. Lo demás es marketing".

El proyecto que impulsa el oficialismo, motorizado por la senadora Patricia Bullrich, propone elevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, liberar los precios y habilitar el coprocesamiento en las refinerías. El coprocesamiento es un mecanismo que permite a las refinadoras incorporar material vegetal en la destilación del petróleo sin producir biodiésel en sentido estricto, pero computándolo dentro del corte obligatorio. Para los productores regionales, ese punto es la llave que les abre la puerta a las grandes petroleras y desplaza a las pymes de un mercado que hoy abastecen mayoritariamente.

Las consecuencias que denuncia el sector pyme son concretas. De acuerdo con las estimaciones de la cámara que agrupa a las productoras regionales, la reforma pondría en riesgo cerca de 1.700 puestos de trabajo directos y unos 8.000 indirectos, y frenaría nuevas inversiones en las plantas distribuidas por Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. La discusión, en esa lectura, no es solo sobre porcentajes de corte, sino sobre el futuro de un entramado productivo federal que sostiene empleo en el interior. El biodiésel pyme aparece, así, como un caso testigo del modelo de desarrollo en disputa.

A las objeciones sociales se suma una preocupación de política económica. Distintos actores advierten sobre la conveniencia de entregar el control del biodiésel a las poderosas exportadoras de granos, que concentran la liquidación de divisas y que suelen ejercer ese poder para condicionar a los gobiernos de turno. La reforma, en esa mirada, no solo desplazaría a las pymes sino que reforzaría el poder de un puñado de grandes jugadores sobre una variable sensible como el ingreso de dólares. El biodiésel, entonces, se cruza con la discusión de fondo sobre quién controla el comercio exterior.

La resistencia en el Senado es transversal y explícita. El peronismo y otros sectores anticiparon que, con este formato, la ley no avanza. Según trascendió, senadores de peso como José Mayans, Lucía Corpacci, Jorge Capitanich, Eduardo "Wado" de Pedro y otros legisladores recibieron a Martelli y le manifestaron que no acompañarán un proyecto que perciben como una entrega del negocio a las multinacionales. La foto del director de CEPREB con senadores de distintos bloques es la señal de que el proyecto oficialista chocó contra un muro en la Cámara alta. La aritmética, otra vez, le juega en contra al Gobierno.

El malestar no se limita a la oposición. En el propio oficialismo crecen las dudas sobre la conveniencia de empujar una iniciativa que suma conflictos sin réditos evidentes. Según reconstruyó La Política Online, el hartazgo con la conducción del área de desregulación amenaza el trámite de la ley que habilita a las petroleras a entrar al negocio. La sensación de que se trata de una reforma que concentra el mercado en pocas manos, sin un beneficio social claro, permea incluso en sectores cercanos al Gobierno que prefieren no acumular nuevos dolores de cabeza legislativos.

El propio Bulgheroni pareció leer ese escenario. Su decisión de salir a hablar en público, rompiendo su costumbre de mantener bajo perfil, se interpretó como un movimiento defensivo ante la percepción de que el proyecto se está cayendo. La presencia del CEO de Pan American Energy en el debate buscó reactivar una discusión que quedó paralizada en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, que deben producir un dictamen antes de que la iniciativa llegue al recinto. Sin ese dictamen, la ley no tiene camino.

El desenlace de la disputa está abierto, pero la relación de fuerzas favorece por ahora al sector pyme. Con el peronismo y otros bloques anticipando su rechazo, con dudas en el propio oficialismo y con un empresariado que sale a presionar porque percibe el riesgo de que todo se frustre, el proyecto de reforma enfrenta un panorama adverso. El debate por los biocombustibles dejó de ser una discusión técnica sobre porcentajes de corte para convertirse en una pulseada entre un modelo de producción federal y pyme y otro de concentración en manos de las grandes petroleras y exportadoras. Cómo se resuelva esa tensión definirá el futuro de un sector estratégico para las economías regionales.