La reforma del régimen busca corregir lo que las autoridades del área energética consideran una desnaturalización regresiva y deficitaria del sistema original. El esquema original de 2002 limitaba los subsidios automáticos a la Patagonia, la Puna y zonas de rigurosidad climática indiscutible. Sin embargo, la modificación de 2021 elevó el universo de beneficiarios de 780.000 hogares a más de 4 millones en todo el país. Localidades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe que registran temperaturas templadas pasaron a absorber el 72% de los recursos. Máximo Kirchner extendió el beneficio a zonas de clima cálido multiplicando el costo fiscal.

La propuesta del Poder Ejecutivo propone retrotraer la cobertura geográfica al mapa histórico de 2002 para sanear las cuentas públicas. Bajo este nuevo diseño, los usuarios residenciales de las zonas incorporadas en 2021 perderán de inmediato el descuento automático en sus boletas. Solo conservarán asistencia estatal aquellos hogares que califiquen dentro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El techo patrimonial excluye del subsidio a quienes perciban ingresos superiores a tres Canastas Básicas Totales. El nuevo esquema suprime la universalidad del subsidio climático para atarlo a la vulnerabilidad económica. 

El avance de la ley disparó alarmas inmediatas entre los gobernadores dialoguistas de las provincias afectadas por el inminente recorte tarifario. Mandatarios de la región central y del norte argentino unificaron reclamos ante el ministro de Economía, Luis Caputo. Denuncian que la Nación incumplió la promesa de otorgar exenciones impositivas sobre la luz para compensar la pérdida del beneficio en el gas. Además, objetan que la regularización de deudas beneficia de forma exclusiva a las transportistas federales en detrimento de las compañías municipales. Los gobernadores plantaron bandera y frenaron el debate legislativo hasta recibir garantías reales.

La intransigencia de los bloques provinciales forzó a la Casa Rosada a reabrir una compleja mesa de negociación con los jefes territoriales. El oficialismo necesita imperiosamente los votos ajenos en el Senado para convertir el proyecto en ley y cumplir con las metas fiscales. Para destrabar el conflicto, se organizó un raid de reuniones de urgencia que incluyó al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego y cumbres del Norte Grande. Los operadores oficiales intentan separar las discusiones prometiendo un tratamiento independiente para una futura ley de tarifas de zonas cálidas. El ministro Luis Caputo busca encauzar la negociación energética ofreciendo obras de infraestructura clave. 

Las modificaciones propuestas introducen también un cambio técnico crítico en la forma en que el Estado liquidará las compensaciones tarifarias. El descuento dejará de aplicarse sobre el total consolidado de la factura final que reciben los usuarios. La bonificación del programa SEF pasará a calcularse exclusivamente sobre el precio base del gas natural en boca de pozo. Los costos correspondientes a los componentes de transporte y distribución quedarán totalmente excluidos del beneficio estatal. Los usuarios exceptuados sufrirán fuertes aumentos en sus boletas por el impacto de los nuevos topes.

El desenlace de este juego de presiones cruzadas expondrá los límites reales del plan de ajuste fiscal del Gobierno frente a la gobernabilidad territorial. Si bien el oficialismo confía en alcanzar un acuerdo interprovincial antes de finalizar el invierno, cada voto opositor cotiza al alza. Los senadores patagónicos y del centro del país advierten que no convalidarán un esquema que golpee directamente el bolsillo de sus comunidades. La trama del gas demuestra que el orden de las planillas de Excel debe revalidarse constantemente en el barro de la política. La puja por la Zona Fría condiciona el equilibrio político entre la Nación y las provincias.