La crisis portuaria escaló a un nivel crítico cuando el paro de actividades bloqueó el ingreso y salida en nodos estratégicos del Río de la Plata y la Hidrovía Paraná-Paraguay. Estimaciones del sector privado expusieron pérdidas millonarias que oscilaron entre los 50.000 y 100.000 dólares diarios por cada embarcación varada. Frente a este escenario de asfixia logística, Javier Milei intervino de urgencia para frenar el conflicto marítimo.

Testigos de la mesa chica presidencial afirman que el mandatario desató su furia directamente contra el diseño ideológico de la reforma portuaria. Trascendió que el jefe de Estado amenazó explícitamente con echar a Federico Sturzenegger ante la falta de previsión técnica sobre la reacción gremial. El ministro quedó completamente marginado de las negociaciones de salida con los representantes de los pilotos y baqueanos. El Presidente corrió a Sturzenegger de la mesa de diálogo para habilitar un canal de tregua inmediata.

Para destrabar el conflicto que ponía en riesgo el 80% de las exportaciones e importaciones, el Poder Ejecutivo firmó el Decreto 716/2026. Esta nueva normativa formalizó la suspensión total de los cambios impulsados por la cartera de desregulación. El pacto incluyó la vuelta al servicio regular y una rebaja de tarifas del 20% por parte de los trabajadores. La marcha atrás oficial desactivó la parálisis de los puertos pero dejó secuelas políticas profundas.

El impacto colateral de este fracaso normativo caló hondo en la confianza que el ala dura de la Casa Rosada depositaba en el funcionario. En los pasillos gubernamentales comenzó a evaluarse el congelamiento sistemático de otras iniciativas de su autoría para evitar nuevos frentes de conflicto. Proyectos emblemáticos como la Ley Hojarasca o las reformas al Gas Licuado de Petróleo corren riesgo de quedar cajoneados. El oficialismo busca evitar nuevos costos políticos legislativos tras el tropiezo portuaria.

La crisis naviera también avivó viejas disputas institucionales entre la Prefectura Naval y la Armada Argentina por el control de la formación del sector. Los sectores técnicos defensores del practicaje tradicional celebraron la rectificación estatal como una victoria del conocimiento específico sobre la teoría económica pura. El panorama para el ministro desregulador se presenta complejo, con un margen de acción cada vez más acotado en el esquema de poder. El futuro de la agenda reformista de Sturzenegger quedó condicionado a la estricta revisión presidencial.