La Cámara de Senadores de la Nación dio media sanción al polémico proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en una jornada parlamentaria marcada por intensas negociaciones a contrarreloj. El oficialismo logró consolidar una mayoría ajustada gracias al acompañamiento en general del PRO, la UCR y senadores de bloques provinciales. A pesar del triunfo político inicial, el debate en el recinto desnudó la falta de masa crítica legislativa para sostener las reformas más profundas impulsadas por la Casa Rosada.

Ante la certeza de no contar con los votos necesarios, el Gobierno nacional debió retirar por completo el capítulo que pretendía modificar la Ley de Manejo del Fuego. El apartado buscaba anular las restricciones vigentes que impiden alterar el uso del suelo o realizar desarrollos inmobiliarios en campos incendiados por plazos de hasta 60 años. La presión de senadores aliados clave terminó por sepultar este intento de flexibilización comercial, dejando intacta la legislación ambiental promovida en el año 2020.

Esta sensible baja se sumó a la eliminación total del capítulo referido a la modificación de la Ley de Tierras, decidida apenas 24 horas antes del inicio de la sesión legislativa. La propuesta original de desregulación buscaba eliminar el tope del 15% para la tenencia de superficies rurales en manos de ciudadanos o firmas extranjeras. El rechazo unánime de la oposición dura y las advertencias sobre la soberanía territorial por parte de bloques intermedios forzaron al oficialismo a declinar su inclusión para evitar el naufragio del debate.

De este modo, el texto definitivo que recibió la aprobación de la Cámara alta quedó reducido a menos de un tercio de su envergadura conceptual y regulatoria originaria. Con más de 18 modificaciones sobre el dictamen base y sucesivas caídas de articulados enteros en comisiones, la reforma perdió su impronta de paquete ómnibus. Los senadores justicialistas calificaron la accidentada ingeniería parlamentaria como una muestra de improvisación oficial y cuestionaron los cambios imprevistos incorporados minutos antes de la votación.

Lo que finalmente sobrevivió y pasó a la Cámara baja se concentra de forma exclusiva en el mecanismo de desalojo exprés y pautas ágiles de expropiación. La norma aprobada estipula que las ocupaciones ilegales tramitarán bajo la figura del juicio sumarísimo para acortar las históricas demoras del arbitraje judicial. Asimismo, se agilizaron las demandas por falta de pago en contratos de alquiler, aunque se incorporaron cláusulas de protección especiales para proteger a menores y personas con discapacidad.

El derrotero legislativo continuará ahora en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo se topará con un escenario de paridad aún más complejo para ratificar la media sanción. Las autoridades de la Cámara baja ya anticiparon que la prioridad inmediata estará puesta en debatir la Carta Orgánica del Banco Central y el plan de Inocencia Fiscal. Con el proyecto de Propiedad Privada notablemente desinflado, la administración libertaria deberá revaluar su estrategia de negociación si aspira a consolidar herramientas de seguridad jurídica efectivas.